Jeny Pascacio / Diario de Chiapas
Las infantes y mujeres de comunidades de Chiapas en el contexto de violaciones sistemáticas y estructurales de derechos humanos, presentan graves impactos psicosociales y la falta de mínimos vitales para la vida y la dignidad.
En fechas pasadas, las 86 organizaciones de la Red TDT participaron en una Misión Civil de Observación por algunos municipios. Externaron su preocupación por el tenor de violaciones sistemáticas y estructurales de derechos humanos documentadas en las regiones Norte, Altos y Costa de Chiapas.
“Queremos resaltar el efecto diferenciado en las mujeres y, principalmente, en la infancia de todas las comunidades visitadas quienes presentan graves impactos psicosociales y la falta de mínimos vitales para la vida y la dignidad de estas poblaciones”.
Se trata de Chalchihuitán, Acteal, Aldama, Nuevo San Gregorio, Moisés Gandhi, Chilón y Tonalá, donde resulta alarmante la situación de insuficiencia alimentaria, los inexistentes servicios de salud y medicamentos, “incluso para quienes han resultado heridos durante las agresiones contra las comunidades”.
Sumados a la situación de desplazamiento forzado que amenazan y ponen en riesgo la vida de cientos de personas; y se agravan por la falta de condiciones de seguridad y de acceso a la justicia, ante la existencia de grupos paramilitares y de choque.
“Destacamos las amenazas de muerte, agresiones directas y actos de criminalización en contra de personas defensoras y de ayuda humanitaria, que realizan su labor en un clima de violencia generalizada”.
La Red TDT denunció la falta de voluntad y empatía de las autoridades que permite la continuidad de una grave situación de violaciones a derechos humanos. “Es indignante la situación de violencia estructural que se permite e, incluso, se fomenta desde los diferentes niveles de gobierno y su poca o nula disposición para atender el conflicto, trivializando, discriminando y criminalizando a las comunidades”.
A esto se suma un claro problema de falta de acceso a la justicia que también se relaciona con la inoperancia de las fuerzas de seguridad pública para frenar la violencia y la falta de actuación de la Fiscalía del Estado aún cuando tienen claro conocimiento de los responsables de los ataques armados.
