Marco Alvarado/Diario de Chiapas
“Cuando supe que mi hija estaba muerta podía echarme a llorar o dar con el paradero de su asesino” cuenta Yamili Trejo Arrazate, quien no se detuvo hasta que logró que lo encarcelaran por los próximos 33 años.
Ha sido casi un lustro desde que, en el año 2016, a su hija la mataron y dejaron su cuerpo en un terreno baldío, a un costado de la carretera al municipio de Ocozocoautla.
Recuerda que llevaba dos días buscándola y sintiéndose “muerta en vida”. Yuri Lizeth Méndez era una joven que hacía poco se había graduado de enfermería. La indiferencia ante su caso ahondó la preocupación de esta mujer en aquellas horas que le parecieron “eternas”, hasta que terminó enterándose por los periódicos de que su hija estaba muerta, que la habían encontrado en un predio y trasladado al Servicio Médico Forense, lugar al que se trasladó para atestiguar la brutalidad que había sufrido.
Yuri fue encontrada muerta un 25 de noviembre hace cinco años, justo en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, seis después de que en Tuxtla Gutiérrez se declaró la alerta por violencia de género.
El día 23 había salido a cenar con dos hombres a los que consideraba sus amigos: Milton Carlos Cobaxin e Iván Alonso Orantes, y no regresó a casa, lo que preocupó a su madre “porque ella no era de salir y no volver, pero tampoco tenía idea de dónde estaba.
Llegó el día 24 y recibió un mensaje vía WhatsApp en el que le pedían tres millones de pesos si quería tener de vuelta a su hija. La angustia era mayor solo de imaginar quién o quienes la tenían secuestrada.
“Recorrí la ciudad y la policía me decía que tenía que esperar 48 horas, entonces fui a la casa de Miltón, y él me dijo que sí habían ido a cenar y que cuando terminaron la dejaron en la 9a Sur”.
No tuvo ningún rastro ese día hasta el 25, cuando en el periódico vio la noticia del hallazgo de un cuerpo embolsado, con un severo golpe en el cráneo.
Yamili inició entonces su búsqueda personal de justicia, su lucha contra un sistema burocratizado y lento, al que le reclamó dar con el paradero del feminicida “y no que me entregaran a un ‘chivo expiatorio’”.
Fue una búsqueda incansable de las últimas horas de Yuri, sus llamadas y mensajes de texto, que condujeron a lo ocurrido esa noche, en la que dos supuestos amigos se convirtieron en cómplices de un crimen.
En la reconstrucción de hechos se dio a conocer que Iván asesinó con golpes a la joven y posteriormente dejó su cuerpo en la carretera. Después amenazó a su acompañante de no decir nada.
El sistema de justicia dejó en libertad al asesino, incluso existiendo la denuncia y la declaración del testigo presencial, y a pesar de que el coche era propiedad del homicida.
Pasaron cinco años, amparos, la lucha contra los abogados que lograron dejar al asesino libre y la posterior recaptura lograda este año, hasta que en septiembre pasado un juez dictó la sentencia definitiva para que Iván Alonso Orantes pase los próximos 33 años de su vida encarcelado.
La historia de Yamili es solo un recordatorio de que las víctimas de feminicidio no solo son las mujeres cuyas vidas fueron arrebatadas. Quedan las madres, padres, hijos y familia que deben continuar sus vidas y luchar por obtener justicia.
