Letras Desnudas
Mario Caballero
Vale la pena reconocer la voluntad política del gobernador Rutilio Escandón por restaurar el tejido social, conducirnos a una situación de gobernanza e imponer el Estado de Derecho.
La falta de aplicación de la ley en Chiapas fue lo que provocó el retorno a la incivilidad, la tergiversación de los mecanismos de justicia, el desencadenamiento de actos violatorios de los derechos humanos y, dicho sea de paso, daños a la democracia. Pues cuando la ley es burlada, quedamos vulnerables a la trampa y el crimen.
En los retratos de Francis Bacon el cuerpo se descompone hasta hacerse irreconocible. La carne pierde firmeza y se escurre. Los músculos se contorsionan y se distorsionan. El cuerpo humano se pierde: invadido y desparramado, que no se alcanza a distinguir la diferencia entre el hombre y la bestia.
Este arte de la desfiguración puede tomarse para ilustrar la descomposición que vivió el Estado de Derecho en la historia reciente de Chiapas.
Por Estado de Derecho se entiende el principio de gobernanza en el que todas las personas, instituciones y entidades públicas y privadas están regidas por leyes que deben hacerse cumplir por igual y aplicarse con independencia. Sin embargo, en el pretérito fue letra muerta.
Ante la falta de legalidad, Chiapas se convirtió en un estado inhóspito, bárbaro, cruel y más pobre de lo que era antes.
Por parte de los gobiernos anteriores hubo corrupción, desvío de dinero público, brutalidad policiaca y abusos de poder que en no pocas veces terminaron en torturas judiciales, desapariciones y asesinatos. Mientras que del lado de la sociedad hubo pobreza, personas condenadas a la marginación, analfabetas, víctimas de asesinatos, presos políticos y miles de desplazados.
Al no haber Estado de Derecho, las autoridades delinquieron, saquearon y violaron las leyes sin conmiseración. En febrero de 2001, verbigracia, el gobierno de Pablo Salazar reprimió a los habitantes de Ixtapa que pretendían instaurar un municipio autónomo con un saldo de varios heridos y desaparecidos.
En julio del mismo año, en Marqués de Comillas, un grupo de policías estatales robaron y golpearon brutalmente a hombres y mujeres y encarcelaron de manera ilegal a más de 50 indígenas. Al final, la administración salazarista fue acusada de cometer más de cien asesinatos. De estos y otros casos, nadie fue llamado a rendirle cuentas a la justicia. Impunidad total.
Por lo mismo, los verdaderos culpables de la matanza de Acteal siguen sin recibir castigo después de 24 años; los recién nacidos que murieron en el Hospital K de Comitán por una serie de omisiones gubernamentales, tampoco han obtenido justicia; igualmente, nada ni nadie impidió que Juan Sabines Guerrero endeudara al estado por más de 40 mil millones de pesos y ningún exfuncionario de alto rango del sabinato ha pisado la cárcel pese a la demanda que desde el 2013 dio entrada la PGR, hoy Fiscalía General de la República.
El incremento de la pobreza, los conflictos magisteriales, estudiantiles, campesinos, y sus consabidos actos de violencia y criminalidad, es consecuencia de lo mismo.
Cuando la impunidad es contante, la violencia y el crimen se convierten en atajos para resolver cualquier diferencia y obtener ganancias económicas. Ejemplo de ello es la sediciosa CNTE, que hizo de las marchas una industria del chantaje con la que sus dirigentes se han enriquecido. Se cuenta que en la oficina de Nemesio Ponce Sánchez, ex subsecretario de gobierno de Sabines Guerrero, varios líderes y ex líderes magisteriales pasaban cada mes por sobres de 30, 40 o 50 mil pesos con tal de mantener a los maestros a raya.
Más allá de los privilegios y prebendas políticas, los anteriores gobernadores creyeron que con eso ganarían la paz, pero sólo entregaron el control de la educación en manos de rufianes. Ahí una de las razones por la que terminamos siendo la entidad más rezagada en rendimiento escolar y la primera en analfabetismo. Esto sirve para darnos cuenta que gobernar a través de la ilegalidad no sólo deja una larga lista de delincuentes de cuello blanco, sino también agranda las brechas de desigualdad y las injusticias sociales.
En fin, el Estado terminó siendo capturado por las organizaciones que alimentó y apapachó con dádivas. Ahí están los sindicatos magisteriales que por muchos años fueron los que definieron la política educativa; las empresas que sometieron a los órganos reguladores; grupúsculos como el MOCRI que robó propiedades, asesinó personas, obtuvo concesiones de transporte público e hizo todo tipo de negocios al amparo del poder.
Esto, paradójicamente, mientras la clase gobernante se empeñó en su discurso de modernidad y progreso: durante los últimos 18 años los chiapanecos vivimos una profunda reversión histórica.
¿Acaso puede negarse que, por el vacío de poder, la ausencia de Estado de derecho, Chiapas se convirtió en un territorio más inhóspito, más cruel y más salvaje de lo que era a principios de siglo?
EL MOMENTO DE CHIAPAS
La impunidad es la corona de la corrupción y la alcahueta de la violencia. Acabar con ella requiere de la correcta aplicación de la ley y de una buena dosis de voluntad política. Es decir, para que haya gobernanza se necesita que todos cumplamos con las leyes y que las autoridades las hagan valer de manera irrestricta. Obvio, todo debe empezar por el gobierno y las instancias del orden y administración de justicia.
Por eso es digno de encomio que el gobernador Rutilio Escandón Cadenas haya emprendido desde el primer día de su administración una prolongada, aunque difícil y necesaria lucha por restablecer el Estado de Derecho. Con ello puso de manifiesto los cuatro pilares de la transformación que pretende su gobierno: erradicar la corrupción, combatir la criminalidad, fomentar la equidad social y lograr la gobernabilidad.
Importante es, asimismo, el hecho de que haya logrado que esta gran labor se haya convertido en un objetivo común, en el que se ve el esfuerzo y participación de muchas instituciones de los tres órdenes de gobierno, los Poderes del Estado, cámaras empresariales, organizaciones sociales y de la sociedad civil.
Fruto de ello es que Chiapas fue en fechas recientes sede de la 1ª. Reunión Regional de la Zona Sureste de la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública, a la que asistió la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, Rosa Ícela Rodríguez, en la que además de otras actividades se hizo un reconocimiento al Gobierno de Chiapas por alcanzar los mejores resultados en materia de seguridad.
Sólo por mencionar algo, Chiapas es la segunda entidad del país con menor incidencia delictiva general y también la segunda con menor incidencia en delitos de alto impacto. No sólo eso. Con una inversión que supera los mil millones de pesos en tecnología, logró evolucionar del sistema C4 al Escudo Urbano C5 y pasó de tener el 17% de elementos de seguridad certificados al 75%.
Sin duda es el momento de Chiapas. Con un gobierno que dirige el destino del estado con el peso de la ley en la mano.
@_MarioCaballero
