Letras Desnudas
Mario Caballero
Hay que reconocer que el Diario Media Group es uno de los medios de comunicación más influyentes en el sursureste mexicano, que debe parte de su credibilidad a su extraordinaria labor de desenmascarar posibles de casos de corrupción.
Una nueva investigación publicada en tres reportajes demuestra cómo un grupo de personas conocido como “El cártel inmobiliario de Chiapas” ha defraudado a decenas de familias a lo largo de más de una década a través de la venta simulada de casas y terrenos.
A continuación gloso los hallazgos de esta pesquisa.
HALLAZGOS
El cártel inmobiliario de Chiapas opera a través de diferentes compañías o consorcios dedicados al giro inmobiliario, entre las que se encuentran “Grupo Constructor Líneas del Sur, S.A. de C.V.”, mayormente conocida como “GCI”; “Inmobiliaria Chiapaneca Ámbar, S.A. de C.V.”; “Global Group Edificaciones” y “Desarrolladora de Conjuntos Residenciales del Centro de Chiapas”, que se encargan de promocionar distintos complejos habitacionales para atraer a potenciales compradores.
Esos complejos son los fraccionamientos Ámbar, Santa Fe, Jardines de Mactumactzá, Arbolada y Jardines de las Flores, incluyendo el edificio Residencial Antigua, todos en la capital del estado, donde se ofrecen residencias, casas, departamentos y terrenos, principalmente.
De acuerdo con la investigación, una vez conquistado el cliente se le solicitan pagos anticipados por el bien a adquirir o dependiendo de su solvencia económica se le permite la facilidad de pagar la totalidad del valor, que queda reconocido en un contrato de compraventa. Paso seguido, se firma el documento y se acuerda una fecha de entrega, que dependerá del tipo de vivienda, ubicación, acabados, etcétera.
Sin embargo, las ventas de esas propiedades son ficticias, como lo testifican las víctimas de Erick Romero Peimberth, Viviana Zuarth Flores, Gustavo Adolfo Flores Alfaro y Juan José Gutiérrez Chapa, quienes son los representantes de esas empresas.
Una de ellas es la señora María Eugenia Salcedo Torres, de 72 años de edad, quien quedó desamparada, sin dinero y enferma tras formalizar la compra con una de las empresas del Cártel Inmobiliario.
Para ello, tuvo que vender su propiedad para poder costear el precio del departamento que anhelaba.
Así lo cuenta: “No la hubiera querido vender, pero era mucha casa para mí. Tenía jardín atrás y adelante 25 metros de fondo, no todo construido, pero sí bien. Tenía una cocina amplia, mis cuartos con baños, un patio grande, pero yo quería vivir en un solo piso. Futureando de las escaleras y vi los renders y me encantó (el departamento), iba a tener elevador, iba a haber como recepción para que me avisaran, no subían si no me avisaban, entonces eso me daba mucha seguridad”.
Pero eso fue hace siete años y la señora Salcedo sigue en espera de que le entreguen el departamento o le devuelvan el dinero que pagó por él.
Tristemente, ella está enferma y el Seguro Social no le proporciona todos los medicamentos que requiere, algunos cuestan hasta más de 900 pesos y no tiene con qué pagarlos. Para mayor desgracia, cuenta que a raíz del coraje y el estrés que le provocó este acto de injusticia tuvo un evento cardiovascular en su ojo derecho. Así, después de vivir en una casa grande y amplia, ahora tiene que pagar renta.
Esta investigación también descubrió que al momento de llegar la fecha estipulada para entregar los inmuebles vendidos sucedían dos cosas: o no se entregaban o se daban mediante escrituras apócrifas.
Respecto a esto último, encontré el caso de Hayne González, una mujer trabajadora que en 2009 compró una casa con la empresa “GCI” en el fraccionamiento Jardines de las Flores, por la que pagó 3.5 millones de pesos.
El día que llegó a la casa que supuestamente había adquirido, se encontró con un señor que tan campante regaba el pasto del jardín. Al preguntarle qué hacía ahí, éste le respondió “es mi propiedad”.
Inmediatamente, demandó a la empresa y al investigar lo sucedido se encontró que la casa había sido revendida. Las escrituras en su poder eran ilegítimas. La Notaría Pública 118 las había falsificado a pesar de que esa vivienda estaba inscrita en el Registro Público de la Propiedad.
El Grupo Constructor Líneas del Sur le hizo entrega de una nueva vivienda para reparar el daño, pero ocho años después.
El viacrucis para Hayne no termina ahí. Al poco tiempo de residir en su nuevo hogar, recibió una notificación por parte del banco en el que le requerían el adeudo de seis meses del crédito hipotecario. Es decir, debía una casa que ya había pagado.
Tras nuevas indagaciones halló que en registros oficiales este inmueble está bajo propiedad de Leonardo Daniel López Gálvez, encargado de la Delegación de Tuxtla Gutiérrez del Registro Público de la Propiedad, quien desde 2017 está acusado de coordinar procedimientos consistentes en la alteración de expedientes o registros oficiales.
López Gálvez podría tratarse de otro de los cómplices del Cártel Inmobiliario, así como los notarios Rogelio Robles Pereyra, Límber Noel Salazar Tello, Miguel de Jesús Solórzano Grajales y Juan José Fuentes Pariente, titulares de las notarías 19, 103, 46 y 126, respectivamente, a quienes las indagaciones de los reporteros del Diario de Chiapas exhiben como partícipes de los fraudes.
Por otra parte, se sabe que existen denuncias penales y carpetas de investigación contra Erick Romero Peimberth, Viviana Zuarth y Gustavo Adolfo Flores Alfaro, que permanecen congeladas por presunto tráfico de influencias.
Se presume que Leticia Flores, madre de Viviana Zuarth, utiliza sus influencias con los altos mandos del Poder Judicial del Estado para que dichas denuncias no caminen, situación que de acuerdo con algunos testimonios ha venido haciendo desde que gozó de la cercanía con la anterior directora estatal del DIF, Leticia Coello.
Por si fuera poco, la protección de estos estafadores también podría provenir de la secretaria general de gobierno, Cecilia Flores Pérez, quien es prima de Gustavo Flores Alfaro.
Se señala, igualmente, al médico Donato Cruz Sánchez de extender justificantes médicos para excusar las inasistencias de los líderes del Cártel Inmobiliario a las audiencias del proceso jurídico que enfrentan.
COMPLICIDAD CONDENABLE
Esta investigación periodística no debe quedar para la anécdota. Si bien esta casa editorial ya cumplió con su función de documentar y publicar la trama que envuelve al Cártel Inmobiliario, así como a las personas que lo integran, sería condenable que las autoridades competentes no hagan nada al respecto. Pues hay decenas de familias que merecen justicia por haber sido defraudadas por un grupo de pillos que se aprovecharon de sus sueños de tener una vivienda y que hasta tienen el descaro de presumir su vida de lujos en las redes sociales.
Lo más indignante es saber que detrás de la impunidad que cobija a estos delincuentes de cuello blanco están altos funcionarios del Poder Judicial del Estado, quienes al encubrir estos delitos despojan a las víctimas de su derecho a la justicia.
yomariocaballero@gmail.com
