Letras Desnudas
Mario Caballero
Frente a las desafiantes elecciones de 2023 y 2024, Oswaldo Chacón Rojas ha publicado en estos días un espléndido análisis en El Universal acerca de los retos de nuestra democracia en la actualidad.
En siete párrafos, el titular del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas reflexiona sobre las afectaciones que está provocando la polarización política, especialmente en las instituciones electorales. Y, con base a su experticia y conocimiento, proporciona una guía de actuación que deberán asumir éstas para fortalecer y refrendar su legitimidad tanto en la organización de los comicios como en la validez de los resultados.
Nada sobra en este análisis. Es puntual al referir que, aunque la polarización no es un asunto exclusivo del país, ha venido a modificar el contexto en que se realizarán las elecciones en México, en el que se ha puesto bajo escrutinio la credibilidad de las instituciones electorales con una ráfaga de cuestionamientos que en su mayor parte carecen de fundamento.
Oswaldo Chacón acierta al decir que la crítica jamás será un elemento que desestabilice la democracia. Por el contrario, la fortalece.
Sin embargo, cuestionar al árbitro electoral desde el interés partidista carece de objetividad. Alegar que las elecciones son costosas, que los consejeros son corruptos, que obedecen a grupos políticos y que hay toda una mafia que controla y manipula los resultados, no ayuda en nada. Sólo confunde y desinforma. Sobre todo, cuando no hay ningún sustento de lo que tan vehementemente se afirma.
Peor todavía cuando está comprobado que nuestras instituciones democráticas, tanto la nacional como las locales, han coadyuvado a la alternancia en el poder, a la construcción de gobiernos legítimos, a garantizar la voluntad ciudadana y a hacer realidad que cada voto cuente y se cuente.
Testimonio de ello es que Morena, a pesar de ser un partido político de reciente creación, hoy gobierna en 22 estados del país y que Andrés Manuel López Obrador está sentado en la Presidencia de la República.
Por tanto, de existir un hampa que tuviera compradas las instituciones y que comete fraude en cada plebiscito, seguiríamos siendo gobernados por los mismos de siempre, y no es así. Por fortuna.
Desgraciadamente, los embates, la campaña de desprestigio y las hostilidades hacia los órganos electorales han permeado en la sociedad. Esto está poniendo en riesgo que las elecciones se desarrollen de manera pacífica y propicia que no haya civilidad en la contienda y que los participantes actúen la margen de la ley, quienes con el afán de promocionarse en un ambiente de ilegalidad seguramente seguirán descalificando las funciones de vigilancia y fiscalización del INE y de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE).
RETOS
A la sazón, ¿qué deberían hacer las autoridades electorales para enfrentar esta difícil situación?
El titular del IEPC plantea tres acciones a realizar. Adelanto que no son fáciles de llevar a cabo, pero tienen que hacerse sí o sí para ganar confianza ante los electores, lograr la aceptabilidad de los resultados y desmentir los cuestionamientos.
Los planteamientos son los siguientes, pero como es muy difícil transmitir su elocuencia, citaré a Oswaldo Chacón.
“Desde las propias instituciones electorales debe incentivarse que en las instituciones académicas, en las de investigación, en las organizaciones de la sociedad civil y en los medios de comunicación, se fortalezca aún más el seguimiento y el monitoreo a sus actuaciones y determinaciones, pues esto constituye uno de los instrumentos más importantes en cualquier democracia para abatir la corrupción”.
“Es necesaria mucha transparencia en todo lo que se hace y se resuelve. No dejarse el más mínimo resquicio a la sospecha. Hoy día, ya no deberían existir sesiones privadas en ningún órgano administrativo o jurisdiccional de este país. Eso es anacrónico”.
“La transparencia también debe potencializarse en el uso de los recursos públicos, las autoridades electorales deben continuar siendo las más auditadas y las más fiscalizadas del país. Deben ser instituciones modelo en transparencia y rendición de cuentas”.
“Una mayor transparencia debe estar acompañada de campañas de información sobre la democracia en general y sobre los aspectos fundamentales que dotan de confiabilidad al sistema electoral en particular. Esto resulta necesario para atajar el impacto de la desinformación o la información dolosa que se ha potencializado en los últimos años como estrategia partidista”.
“Para lograrlo, es fundamental la existencia de estrategias comunicacionales eficaces y oportunas para contrarrestar las fake news que tienen el potencial de afectar la legitimidad del arbitraje electoral, así como desarrollar todo un proceso para educar a la ciudadanía, para que conozcan no sólo las funciones de las instituciones, su competencia, alcances y limitaciones, sino también las normas y los valores de la democracia”.
“Hay que ser insistentes y creativos en comunicar e informar a detalle sobre cada determinación adoptada en el proceso electoral y sobre los eslabones de confianza de las elecciones”.
“Además de mayor transparencia y mejores estrategias comunicacionales, las autoridades electorales deben ser contundentes en la aplicación de las reglas para no debilitarse”.
“La clase política nunca se ha sentido cómoda con las disposiciones que prohíben campañas anticipadas desde que se promulgaron en 2007, de tal suerte que siempre han emprendido distintas estrategias para posicionarse en la opinión pública antes de que comiencen las contiendas electorales. Pero lo de hoy es diferente. Hay un desafío más abierto y directo”
“Por supuesto que las autoridades electorales deben actuar para evitar y sancionar posibles conductas ventajosas e ilegales que puedan poner en riesgo la equidad de los próximos comicios, porque esa es su obligación constitucional; pero, en la coyuntura de asedio y desconfianza que prima sobre su trabajo, también deben hacerlo para evitar su debilitamiento”.
“Ante la falta de previsión de sanciones para personas servidoras públicas que cometan promoción personalizada y actos anticipados de precampaña, como consecuencia de la falta de aprobación del marco regulatorio del artículo 134 constitucional, y en espera de que las instancias jurisdiccionales resuelvan en su momento sobre el “Plan B”, INE y OPLE deberán llenar ese vacío haciendo uso de sus facultades reglamentarias para hacer valer y fortalecer su rol arbitral”.
COMPROMISO
La defensa por la democracia es una lucha de todos los ciudadanos. Pero la batalla por la credibilidad de las instituciones electorales tienen que darla ellas mismas.
Los planteamientos de Oswaldo Chacón son un portentoso llamado a las autoridades electorales a que se comprometan con la democracia y con la sociedad. Ser transparentes, comunicar bien y aplicar la ley, son acciones fundamentales que mucho ayudarán a que se confirme la confiabilidad del proceso y los resultados en este ambiente de profunda polarización.
Pero, indiscutiblemente, tendrán que ejecutarse en su conjunto. Porque bien lo dijo: “no bastará ser muy transparente si no se aplican las reglas. De nada servirá aplicar las reglas si no se comunica bien”.
@_MarioCaballero
