Letras Desnudas
Mario Caballero
Otra vez la realidad pone sobre las cuerdas a la cuarta transformación. Aunque ha sido costumbre de este gobierno escabullirse de sus responsabilidades con la proclamación de “los otros datos”, esta vez no hay argumentos que valgan para defender a uno de los integrantes más queridos del círculo íntimo del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Se trata de la sentencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que, por mayoría de votos, declaró responsable a la gobernadora de Campeche, Layda Sansores Sanroman, de violencia política de género.
Esto, por supuesto, pone en entredicho la honorabilidad con que supuestamente actuarían los funcionarios de la llamada 4T, pero también pone a prueba su integridad, calidad moral y el cacareado discurso de que no son iguales.
¿Cuál es pues la diferencia si ahora son acusados por los mismos delitos que ellos tanto señalaron y criticaron de los gobiernos del PRI y el PAN? No digo que el pasado haya sido mejor, porque no lo fue. Sin embargo, esto es un asunto de congruencia política que merece cuestionarse y encararse con la verdad por delante. No politizando, no con explicaciones maniqueas y con otros datos.
ESPIONAJE Y VPG
Hay que ver que el fallo del Tribunal Electoral contra la gobernadora de Campeche parte del estudio meticuloso del caso, no por revanchismo o por encomienda.
Recapitulando, Layda Sansores abusó de su poder para atacar impune e ilegalmente a supuestos adversarios del Gobierno Federal, ella sí por encomienda.
Para ello diseñó un programa a la medida, que llamó “Martes del Jaguar”, que empezó a transmitir desde inicios de su gobierno para entretener a su público, un circo que también ha utilizado para difundir información en contra de políticos de la oposición, especialmente. Entre ellos, Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI, quien se erigió como uno de los principales críticos de la 4T y un obstáculo para la aprobación de las reformas constitucionales del presidente.
Como bien se sabe, Sansores difundió audios de conversaciones privadas del priista para amedrentarlo y difamarlo ante la opinión pública. Un acto, por supuesto, ilegal. De espionaje puro y duro.
Pues Layda recibió los audios del Centro Nacional de Inteligencia, que los obtuvo mediante la intercepción de sus comunicaciones con el software Pegasus. Igual como hacía el gobierno de Peña Nieto para espiar a sus opositores.
Ante los reclamos y denuncias de “Alito” Moreno, la Fiscalía General de la República anunció que iniciaría una investigación al respecto, pero de ello no ha quedado ni el recuerdo.
Se presume que de esta misma manera fue como obtuvo las fotografías de carácter íntimo que –dijo- tiene en su poder de algunas diputadas federales del PRI.
Layda Sansores aseguró en una de las emisiones del programa Martes del Jaguar que las diputadas habían tenido que enviarle estas fotografías al dirigente nacional del PRI para que pudieran acceder a sus cargos. Una declaración gravísima que fue retomada por diversos medios de comunicación.
Una de las diputadas, por obvias razones inconforme y ofendida, acudió ante el Tribunal Electoral alegando que las expresiones de la gobernadora habían excedido la libertad de expresión y que constituían violencia política de género.
En consecuencia, la Sala Superior del Tribunal Electoral, en sesión pública a propuesta del magistrado Felipe de la Maza Pizaña, determinó que las declaraciones de Layda Sansores afectaron los derechos político-electorales de las diputadas federales, en el contexto de que dañaron, y cito: “el goce y ejercicio del cargo para el que fueron electas”.
Aquí un claro acto donde una mujer abusa de su poder para agredir a otras mujeres. Una aberración.
El asunto es claro. Layda Sansores, con la venia de Palacio Nacional, obtuvo información de manera ilegal, en este caso fotografías de carácter íntimo, para humillar a varias legisladoras priistas, atacar a su partido, a su dirigente y, de paso, minimizar su triunfo electoral y político con un argumento de lo más bajo. Esto es lo que se llama violencia política de género.
Por tal razón, la gobernadora de Campeche fue sancionada con eliminar todas las publicaciones en las que haya difundido el mensaje denunciado, tanto en sus redes sociales como en las del gobierno del estado. Asimismo, se le ordenó abstenerse de emitir comentarios referentes a las fotografías de las diputadas y rendir una disculpa pública en el programa Martes del Jaguar y en su cuenta personal de Twitter.
Dos delitos: violencia política de género y espionaje. Pero ¿habrá justicia?
¿QUÉ HARÁ LA 4T?
Una cosa es que Sansores haya sido sentenciada a retractarse de lo dicho, eliminar sus reprobables publicaciones y disculparse públicamente con las agraviadas. Otra muy diferente es que la Fiscalía General de la República se mantenga al margen y siga siendo omisa.
Por eso empezamos diciendo que la realidad ha vuelto a poner sobre las cuerdas a la cuarta transformación, y es que si las sanciones por violencia política de género son las que la autoridad le impuso ya a Layda Sansores (aunque fueron mínimas, pues también pudo ser sujeta a multas y hasta purgar años de cárcel), lo referente al espionaje no puede quedar impune.
El Artículo 16 de la Constitución establece que todas las comunicaciones privadas son inviolables y será sancionado de forma penal cualquier atentado, excepto cuando una de las personas que participa las aporte de manera voluntaria. No es el caso. Sansores no fue parte de las conversaciones de Alejandro Moreno, ni del senador Ricardo Monreal, del que también difundió audios, y no creo que las diputadas le hayan entregado las susodichas fotografías para que hablara de ellas públicamente en su programa.
El caso es que a pesar de esto no pasó nada. Incluso, Monreal había ganado una Suspensión de Amparo que le prohibía a Sansores difundir los audios de sus conversaciones privadas, pero a ésta le valió y las hizo públicas.
En lo sucesivo, el senador ya presentó una queja por Violación a Suspensión de Juicio de Amparo, lo que abre la puerta al Juicio de Procedencia contra Sansores, es decir, que le quiten el fuero para que enfrente la justicia como lo haría cualquier ciudadano común y corriente.
El año pasado, la youtuber mexicana Yoseline Hoffman, conocida como Yosstop, fue condenada a dos años de pena corporal por haber publicado imágenes pornográficas en agravio de una menor de edad. Hoy está libre por un acuerdo con la Fiscalía, pero tiene que cumplir con varios requerimientos para la reparación del daño, sino volvería a prisión.
El delito de Layda Sansores con el de esta joven influencer es similar. Lo único que hace la diferencia es que una es gobernadora y, por tanto, tiene fuero.
¿Qué harán entonces los de la 4T? ¿Dejarán que se inicie un Juicio de Procedencia en contra de Layda Sansores o la protegerán como lo han venido haciendo hasta ahora?
No queda más que agregar que esta sentencia del Tribunal Electoral representa un triunfo histórico en la lucha por los derechos de las mujeres, que hace responsable a la primera mujer gobernadora, de Morena, por violencia política de género. Y que, otra vez, la congruencia política y la moral de la 4T está a prueba de fuego.
@_MarioCaballero
