Desarrollo agrario y rural: Una esperanza continuada
Roger Heli Díaz Guillén.
Revisando el contenido de los Planes Estatales de Desarrollo para Chiapas de los últimos tres sexenios adminiculados con la realidad socio-política del Estado que destacan falta de integralidad en la atención de pueblos, ejidos y comunidades campesinas, indígenas y afro mexicanas, crea la esperanza que a la llegada de un nuevo gobierno en el 2024 se observe y priorice el mundo rural agrario como área de atención estratégica geo política para la conservación y medio ambiente; para atender la soberanía alimentaria; vida social comunitaria; bienestar social; patrimonio cultural y natural; desarrollo turístico; desarrollo humano y sostenible y; paz, orden y seguridad nacional basados en ejes sustantivos de la vida pública como el territorio, tierra, naturaleza, cultura, biocultura y; educación, vinculados a los derechos humanos colectivos agrarios, culturales, territoriales y libre autodeterminación de ejidos, comunidades y pueblos campesinos, indígenas y afro mexicanos en el derecho nacional e internacional, que deben ser asumidos como políticas públicas transversales no ordinarias para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Estos ejes están basados en las primeras estructuras sociales como es la familia y la comunidad de donde debe emanar todo desarrollo social sostenible y concebido en Planes de Desarrollo 2024-2030; debiéndose reconocer que el territorio y la tierra en Chiapas es mayoritariamente social que corresponde en propiedad a campesinos e indígenas ejidatarios y comuneros donde se localiza la mayor parte de las áreas naturales Protegidas y/o biodiversidad y patrimonios culturales; estableciendo condiciones para la vida diaria, trabajo, convivencia, desarrollo, sostenibilidad y patrimonio biocultural de los pueblos rurales.
El desarrollo de los pueblos se basa en su relación con la biodiversidad del territorio creando instrumentos normativos con los cuales han establecido en los dos últimos siglos nuevas formas de relaciones humanas y con su entorno; sus convivencias, expresiones y; formas de relaciones sociales que constituyen un indicador estratégico de atención e intervención para la paz, convivencia, desarrollo humano y social y; estado de derecho; denominándose estos instrumentos normativos; Estatutos Comunales, Reglamentos Internos, tradición Oral, Usos y Costumbres jurídicas.
El mundo rural con la propiedad social y privada agropecuaria ocupan no menos del 60% del territorio Estatal y nacional donde se han creado formas de vida y relaciones con la biodiversidad que constituyen PATRIMONIOS AGRARIOS Y BIOCULTURALES que enriquecen el mosaico multicultural de Chiapas y México sostenido en un esquema ciudadano-familia-comunidad, que en su interrelación se constituyen en saberes, expresiones culturales, espacios naturales, estructura y normas comunitarias, trabajo, medios de producción y formas de convivencia diversas que le son originales y particulares como grupos sociales.
El Patrimonio Agrario es un concepto geográfico, territorial, comunitario y socio-cultural, con contenido paisajístico, arqueológico, hídrico, biodiverso, donde viven y conviven poblaciones que requieren de políticas públicas integrales vinculadas a los Derechos Humanos colectivos; que cuentan con normas internas que en tiempos de transformación deben transitar al equilibrio con el derecho nacional e internacional, que vaya más haya de la organización económica y social que norma la ley agraria, considerando su entorno territorial biodiverso, identidad, patrimonio colectivo de propiedad territorial, cultural, natural, biocultural, costumbres jurídicas, reglas de libre autodeterminación y; el desarrollo sostenible e incluyente.
El mundo rural de Chiapas y México es una alternativa para el desarrollo económico y social sostenible con intervención social y sustento de la soberanía alimentaria; belleza de paisajes naturales y culturales; fuente de riqueza cultural y turística, que requiere de identificación de sus componentes territoriales vinculados a la vida normativa comunitaria de forma inclusiva e integral, contenido en plan rector que atienda acciones y programas de corto, mediano y largo plazo a partir de la ruta de los derechos colectivos nacional e internacional, derechos territoriales, derechos sobre bosques, selvas y agua de los pueblos bajo la figura de ejidos y comunidades y; derecho de a la libre determinación de su organización y desarrollo. Hoy son tiempos de dejar de observar al mundo rural agrario como espacios y agentes de interés público, para basar la relación gobierno-pueblos en el marco del derecho publico como sujetos de atención.
La nueva ley de la alimentación adecuada y sostenible promulgada en abril de 2024 obligará a los gobiernos federal, estatales y municipales a voltear a ver al mundo agrario y rural, no en su condición actual de desarrollo y producción sustantivamente donde mucha tierra social esta inexplotada; sino en su condición territorial, riqueza natural, arqueológica, histórica, biodiversa e hídrica; organización, biocultura y expresiones culturales, que requieren de acompañamiento para potencializar la organización para el desarrollo agrario integral, sostenible e incluyente que optimice los apoyos de bienestar social y se generen programas que promuevan la optimización, uso y aprovechamiento del territorio en su faceta productiva, biocultural, contenido cultural material, natural e inmaterial; espacios de rituales y esparcimiento, así como destinos turísticos.
La tierra social de los pueblos y comunidades campesinas, indígenas y afro mexicanas y su población en sus derechos colectivos viven una esperanza continuada que vislumbra tener oídos para su atención redireccionando la administración pública al desarrollo agrario como la continuidad del ordenamiento territorial y de derechos de la propiedad social en una perspectiva de desarrollo integral, sostenible e incluyente. La secretaría actual SEDATU no responde a la perspectiva expuesta. No atiende a los pueblos en este tema. Lo agrario son terrenos nacionales, colonias agrícolas y conflictos en el medio rural. La procuración de justicia que atiende a través de la procuraduría agraria es un componente del desarrollo necesario, pero no es la responsable del desarrollo agrario y rural que fortalezca la soberanía alimentaria cuya responsabilidad debe ser la razón de la secretaria de estado para el mundo agrario que se requiere.
