Pepe Rey / San Cristóbal
A un año del asesinato del defensor y comunicador Samir Flores Soberanes, en Amilcingo, Morelos, el Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas” (Frayba), considera que el riesgo a la vida, seguridad e integridad de los defensores del territorio en México se ha incrementado.
En un comunicado de prensa, el Frayba considera que se intensificó la criminalización en contra de comunidades de Pueblos Originarios opositoras a proyectos de gobierno, en específico a quienes conforman el Congreso Nacional Indígena.
“La organización internacional Front Line Defenders (FLD), en su Informe Global 2019 posicionó a nuestro país en el cuarto lugar de asesinatos a quienes defienden derechos humanos, con un total de 19 defensores y cinco defensoras, el 47 por ciento pertenecían a resistencias ambientales, en su mayoría con identidad como Pueblos Originarios. Un aumento respecto a que Global Witness nos ubicó en el sexto lugar más peligroso para defensores ambientales en 2018, con 14 asesinatos”.
Asimismo, informa que representantes de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch’ Xíinbal recibieron amenazas de muerte, publicadas el 16 de diciembre de 2019, en el contexto de la amañada consulta sobre el Tren Maya. “Desde el 8 de agosto de 2019, la Asamblea Maya denunció otras amenazas a consecuencia de su rechazo a los megaproyectos en la región de la Península”.
“La reactivación del proyecto de carretera San Cristóbal Palenque, actualmente ampliada a Pijijiapan, es otra muestra de la violación a los derechos colectivos a la libre autodeterminación, la autonomía y al territorio de los Pueblos Originarios, en el Sureste Mexicano”.
Por lo anterior, exigen al Estado mexicano “respetar los derechos a la autonomía, la libre autodeterminación y al territorio de comunidades de Pueblos Originarios que integran el Congreso Nacional Indígena; y cesar la criminalización, amenazas, hostigamiento y agresiones a las cuidadoras y cuidadores de la Madre Tierra”.
