Aroma de política
Rita Balboa Cuesta
Nunca se había observado en los últimos años una contienda preelectoral tan activa como la que vivimos ahora. El fracaso del llamado “Plan B” que impulsó el gobierno federal dejó a los actores políticos con una nueva tarea que acuña una vieja frase de Mario Benedetti: “cuando parecía que tenían todas las respuestas, les cambiaron todas las preguntas”.
Tras la invalidez al “Plan B” por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto a los cambios en la maquinaria electoral que operará las contiendas del 2024, el gobierno federal se siente confundido con el futuro y parece no encontrar una respuesta clara para convencer y operar de forma legítima el proceso electoral.
Si bien es cierto que el proceso del análisis de inconstitucionalidad o validez de la reforma electoral sigue inconcluso, la reforma está conformada por dos paquetes. El primero se refiere a la propaganda gubernamental (invalidado por la SCJN), y el segundo paquete se refiere a las modificaciones de las normas electorales.
En diciembre del año pasado, el Gobierno Federal presentó un paquete de reformas llamado “Plan B”, que pretendía modificar cinco leyes. Y aunque fue aprobado por el Congreso de la Unión fas track, la reforma se cayó:
Las principales, la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Los líderes políticos de los partidos PAN, PRI y PRD, principalmente, determinaron que ponía en riesgo las condiciones de equidad para partidos y candidatos, y permitía la injerencia del Gobierno, principalmente en lo referente a las campañas de comunicación, propaganda gubernamental, lo cual dejaba la puerta abierta para que los servidores públicos pudieran llevar a cabo actividades proselitistas, argumentando el acceso a la libertad de expresión, que consagran los artículos 6º y 7º de nuestra Carta Magna.
La Segunda se publicó hace apenas dos meses, el 2 de marzo, que reformó la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley de Partidos Políticos.
Con ello se avala:
La eliminación de las 300 Juntas Ejecutivas Distritales, la desaparición del Servicio Profesional Electoral, encargados de los procesos electorales en el país; el achicamiento del calendario del proceso electoral para racionalizar recursos, la reducción de la burocracia, recortando peligrosamente los recursos que el INE debería manejar para el proceso electoral,
Fortalecer el juicio en línea y la publicación de autos del Tribunal, modernizar el sistema de medios de impugnación y eliminar dos salas regionales del TEPJF, entre otras.
Pero que aquí donde el principio de Benedetti se impregnó en el proceso electoral de una manera súbita: el 8 de mayo la SCJN resolvió la invalidez, con 9 votos a favor y dos en contra, de la Ley de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, por violaciones al proceso legislativo y al principio de deliberación democrática.
El artículo 105 de la Constitución señala puntualmente que no se pueden realizar cambios a las normas electorales 90 días antes del 2 de septiembre de 2023, cuando inicia el proceso electoral del 2024. De tal forma que las reformas deberán quedar listas antes que culmine junio para que puedan ser válidas constitucionalmente.
Y es aquí donde las cosas toman un diferente matiz. La llamada 4T no tiene las cosas tan fáciles como las pensaba. La presión de la sociedad, de observadores políticos, medios de comunicación, organismos civiles y los mismos partidos políticos, pusieron a la 4T contra la pared, sin mucha cancha para poder seguir su juego.
Ahora tanto partidos políticos como organismos civiles, saben que la presión social manifestada en las calles y en las Redes Sociales sí tiene resonancia, y han demostrado que pueden seguir caminando juntos para sacar adelante proyectos políticos, para el bien social, que permitan mejores condiciones de tener un juego limpio en las urnas en el 2024.
Estamos a tiempo de impedir que las reglas del juego cambien y se impongan de acuerdo a los intereses facciosos de quienes ostentan el poder.
El PRI ha jugado un papel importantísimo en esta lucha por encumbrar el poder ciudadano contra cualquier manifestación caciquil ya sea en el presente o para las futuras generaciones.
Algunos actores políticos enquistados en el actual poder ahora pretenden imponer un llamado “Plan C”, que quiere en las urnas operar de forma unilateral, sin el consenso de las fuerzas políticas activas.
Pero eso, ni la sociedad civil ni los organismos políticos activos lo pueden permitir, y eso lo saben muy bien quienes ostentan el poder, que ahora más que nunca, están contra la pared.
