Aroma de Política
Rita Balboa Cuesta
Con la aprobación esta semana de la llamada Ley 3 de 3, no solo se impide que violentadores de mujeres puedan asumir un cargo de elección popular, si no también se sienta un precedente para una mayor equidad de género en el futuro que fortalezca un desarrollo más equitativo acorde a las exigencias de los tiempos, no obstante que sus resultados dependen de una estricta vigilancia para que se haga valer sin titubeos.
La aprobación por parte de los integrantes de las dos cámaras del Congreso de la Unión y de la mayoría de los Congresos Estatales, inspira un modelo político que mantenía en el pasado reciente en la oscuridad la agresión contra mujeres por parte de “políticos influyentes”.
La lastimosa cifra de agresiones sexuales y feminicidios que enfrenta nuestro país, en cualquier ámbito de la vida social, requiere de normas, leyes y nuevos capítulos por escribirse.
Es inadmisible que, en México, funcionarios públicos de todos los órdenes y estratos, puedan ostentar un cargo cuando somos nosotros quienes debemos apresurar con urgencia incontenible, formatos jurídicos que fomenten un ¡Ya basta! en los hechos y no solo en las letras de la jurisprudencia mexicana.
La lista de feminicidios y desapariciones de mujeres que parece ir creciendo en México, ameritan impulsar que la sociedad civil, organizada o de forma individual, conozcan las formas y fondos de estas leyes para incentivar la denuncia ante los órganos de justicia correspondiente.
Una vez aprobada esta ley, en la que cabe aclarar estuvieron de acuerdo los actores políticos de todos los colores, será publicada esta misma semana que viene o en pocos días, en el Diario Oficial de la Federación, como indican los cimientos de la base jurídica mexicana establecida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La llamada “Ley 3 de 3” implica una reforma a los artículos 38 y 102 de la Constitución Política con el fin de proteger los derechos de millones de mujeres y de menores de 18 años, por lo que, para muchos sectores políticos, se trata de una reforma constitucionalmente progresista que no es trofeo de ningún partido ni de ningún líder políticos, sino que es el resultado de una larga lucha, principalmente de mujeres activistas, que durante muchos años salieron a las calles o expusieron investigaciones de la lacerante violencia.
Así que será a partir de la elección del 2024 cuando ningún violentador ni deudor alimentario podrá aparecer en las boletas electorales, ni podrá ocupar un cargo público, como establece muy claramente esta ley.
Esto no es nuevo. Desde el año 2015, Transparencia Mexicana y el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) “lanzaron la plataforma independiente #3de3 para promover y recibir las declaraciones de situación patrimonial, de intereses y fiscal de quienes competían por un cargo de elección popular”, que sentó precedente para estas nuevas reformas que amplifican la denuncia que, a gritos de justicia, promovía justicia para las niñas, niños y mujeres.
La herida sigue abierta y falta mucho por recorrer para terminar con los abusos sexuales y laborales contra mujeres que aún sufren a manos de sus jefes tanto en el sector público, principalmente, como en el sector privado.
Esta nueva reforma llamada Ley “3 de 3” debe servirnos como un trampolín para seguir empoderando a las mujeres en el ámbito de oportunidades.
En muchas regiones de Chiapas aún se vive un clima de violencia inaudita contra mujeres, adolescentes y niñas de forma económica, sexual y física, que no debemos permitir.
Hemos escucha que algunos funcionarios y líderes políticos proclaman discursos, incluso reglamentos que impulsan a frenar, por ejemplo, el acoso sexual.
Pero nuestra tarea como sociedad, tanto mujeres como hombres, aún no termina, y nos permite impulsar con mayor fuerza una nueva relación de equidad entre varones y mujeres para que las mujeres no sigan siendo víctimas de agresiones en cualquier formato que aún se cometen en Chiapas y en México.
