Juan Carlos Gómez Aranda
El partido dominante está en un punto de máxima tensión porque pasado mañana dará a conocer quiénes serán sus precandidatos a las gubernaturas, donde el tablero se complicó por la resolución del INE de aplicar la política de paridad de género con la fórmula de cinco mujeres y cuatro hombres, sin importar la aceptación que reflejen las mediciones de opinión, de tal manera que en algunos estados la elegida puede ser quien aparezca en segundo o tercer lugar de las preferencias. Sin embargo, este escenario puede cambiar si el Tribunal Federal Electoral revoca el acuerdo del INE, como parece que puede suceder hoy mismo.
Por otra parte, pronto se conocerán las encuestas que mostrarán el reconocimiento de partidos y actores políticos, después de que el huracán Otis arrasó Acapulco, dejando enormes daños y la percepción de que el gobierno estatal y las otras instancias reaccionaron tarde y mal, como sucedió en 1985 después del terremoto del 19 de septiembre que devastó la Ciudad de México. Por si fuera poco, la tormenta también develó lo que ya se sabía: en el puerto, municipios conurbados y otras partes de Guerrero actúa una decena de carteles criminales y sus clones.
Después de tropiezos y titubeos, el INE confirmó la aplicación del criterio de género, determinación que en varios sentidos continúa siendo incomprendida al considerarse un privilegio y no un esfuerzo por emparejar la cancha política y de la vida pública. Sin embargo y a pesar de su inconformidad, los partidos políticos no combatieron la resolución –excepto Movimiento Ciudadano–, pues su rechazo sería una postura políticamente incorrecta en tanto alude a más del 50 por ciento de los electores.
Es necesario tener presente de manera rotunda que cada vez con mayor frecuencia y de forma brillante, las mujeres ocupan espacios en todos los ámbitos de actividad laboral del mundo y por supuesto de nuestro país. No hay sector de la economía, la ciencia, la cultura, el arte, la política, la diplomacia y los oficios donde no participen con acierto. Sin duda el principio de equidad está contribuyendo a esta situación, pero habría que analizar hasta donde su aplicación equivale a lo que se ha llamado “discriminación positiva”, pues no es lo mismo igualar las oportunidades a establecerlas como obligación, sin que sea su propio mérito el que lleve a las mujeres a seguir ocupando los lugares que merecen.
Sorpresivamente, el presidente de Morena, Mario Delgado, dio a conocer que a partir del 5 de noviembre se suspendía cualquier acto que pueda considerarse de promoción de los aspirantes a las gubernaturas de Chiapas, Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán. Esta decisión seguramente fue para evitar que continuara ahondándose la división y el encono internos, además de evitar el riesgo de sanciones de parte de las autoridades electorales, ya que abundan los ejemplos de cómo muchos de los aspirantes venían haciendo eventos al filo de la ley con gastos desmesurados.
A manera de distender la situación y ganar tiempo para hacer amarres políticos, Morena pospuso una semana el anunció de quienes serán sus abanderados estatales. Sin embargo, por la pasión que acompaña a la política, algunos no aceptarán apapachos o cargos de consolación, por lo que será difícil evitar reproches, perjurios, escisiones y tránsfugas a la hora que se anuncien los resultados, pues si algunos de los aspirantes que tienen años caminando el territorio, organizando estructuras de apoyo y haciendo gestiones, además ganan la encuesta, el caldo de cultivo de la inconformidad está listo.
El caso de Marcelo Ebrard es ilustrativo porque a pesar de los compromisos suscritos, más de 40 diputados leales al excanciller amenazaron con abandonar su partido si la Comisión de Justicia rechaza –-como seguramente lo hará o dará largas– la impugnación al proceso de selección del coordinador para la defensa de la Cuarta Transformación. La renuncia de Ebrard y su eventual candidatura presidencial por MC llevará al escenario de menos votos para Morena, de ahí la sospecha de que en algunos centros de poder tienen interés de que el gobernador de Nuevo León, Samuel García, sea el candidato de este partido pues su perfil asegura restar votos al Frente opositor.
Otis también dejará damnificados políticos. Pronto veremos si la aceptación del presidente López Obrador declina a pesar de que a los pocos días de la tragedia presentó un plan de recuperación de Acapulco por un poco más de 61 mil millones de pesos, lo que opositores, analistas y afectados consideran insuficiente para atender las 250 mil viviendas dañadas, 600 hoteles, 100 hospitales y clínicas, miles de negocios de todo tipo y tamaño, así como infraestructura de comunicaciones y agropecuaria. Todavía no sabemos cómo influirá en el humor social de los guerrerenses el sentimiento de que a la hora de la tragedia estuvieron solos y muchas familias, todavía solas siguen combatiendo carencias, rapiña e inseguridad.
Es urgente restablecer la seguridad pública en Acapulco pues la delincuencia no da tregua y los carteles siguen actuando en medio de la tragedia. Según información publicada, en Guerrero tienen fatídica presencia los carteles de Acapulco, de Sinaloa, del Golfo, de Caborca, los Zetas, los Granados, la Familia Michoacana, los Rusos, los Tlacos y los Ardillos.
Desafortunadamente el asedio criminal no es privativo de este estado y acecha en varias partes del país con el apoyo de bases sociales que se formaron por espacios de insuficiencia gubernamental, pagos o amenazas, pero que igual dificultan la aplicación de la justicia. Estas bases también votarán el próximo 2 de junio. ¿Por quién lo harán?
