Roger Heli Díaz Guillén
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
Hoy, en la vida pública de México, se deja ver el fortalecimiento y promoción a la participación de la Sociedad Civil, destacando en este tema el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados el 20 de abril de 2021, de la Ley General de Consulta Pública de los Pueblos y Comunidades indígenas y Afromexicanas y, la promulgación de la Ley Federal de Consulta Popular publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de mayo de 2021, que marcan una dirección política que los Gobiernos Estatales y Municipales deben identificar y trabajar en beneficio, abriéndose la puerta para que la Sociedad Civil y las diversas Expresiones Étnicas intervengan y se expresen mediante Consultas en asuntos “trascendentales” de la vida pública de México y Regiones e incidir en las directrices de las políticas gubernamentales y legislativas.
En estos asuntos de “Trascendencia” se encuentran el tema de los Derechos de la Naturaleza y los de la Cultura, que hoy se sustentan en “Derechos a un Medio Ambiente sano y acceso a la Cultura”, que invita a transitar de los “Derechos Individuales y Colectivos” a derechos de “Espacios, Territorios y Patrimonios culturales de Interés Público”, que son parte integral y componentes culturales de Comunidades, Pueblos, Municipios, Estados y Federación, cuya desatención podría causar daños patrimoniales y morales de colectividades.
La existencia de estos componentes culturales en el territorio nacional y los derechos a ellos vinculados, nos lleva a observar que son los Municipios el nivel de Gobierno Constitucional en que recae a nivel regional la responsabilidad de la salvaguarda de la Naturaleza y la Cultura, dejándose de atender como política pública interior el fortalecimiento del “Saber” en el quehacer de Gobierno para incidir objetivamente en su atención, impactando con ello en diversos actos que han atentado -y continúan haciéndolo- en contra de patrimonios culturales naturales, arqueológicos y monumentos históricos, que se identifican como “Atentados Culturales”, destacando como actos recientes el Parque de Chapultepec, con el proyecto de remodelación que atenta contra arboles históricos plantados exprofesamente en la visión y diseño de Netzahualcóyotl, incorporando componentes materiales en el espacio que rompen su armonía arquitectónica original, que es una herencia milenaria de los mexicanos; el caso de la Zona Arqueológica de Teotihuacán y recientemente, el caso del Gobierno Municipal de Salamanca, Guanajuato, con el Patrimonio Cultural inmueble denominado “Puente Tres Guerras”, que fue remodelado con pintura ordinaria y color fuera de las normas a que está sujeto este Monumento Histórico, observando algunos Gobiernos al patrimonio como un bien inmueble ordinario sin contenido histórico, biocultural, social e identidad que requiere de “belleza adicional”, sin ver a un bien público con “derechos de existencia” inherentes a los Derechos Humanos.
