Jeny Pascacio / Diario de Chiapas
La Red de Resistencia y Rebeldía Ajmaq documentó la gravedad de los hechos ocurridos esta semana en territorio del EZLN por los ataques y el desplazamiento forzado de habitantes de las comunidades Emiliano Zapata y La Resistencia, ambas pertenecientes a la Junta de Buen Gobierno “Nuevo Amanecer en Resistencia por la Vida y la Humanidad”, Caracol 10 “Floreciendo la Semilla Rebelde”, ubicada en el municipio oficial de Ocosingo, Chiapas.
De acuerdo a la publicación de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos (Red TDT), refieren una serie de sucesos que ponen en riesgo la vida e integridad de civiles pertenecientes a las Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (BAEZLN).
La noche del 2 de mayo integrantes de la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (Orcao), liderados por Tomas Santiz Gómez, José Pérez, Antonio Juárez, Marcos López Gómez y Juan Gómez, realizaron disparos en contra de los habitantes de la comunidad Emiliano Zapata, hecho que provocó el desplazamiento forzado de 54 personas (11 familias) entre los que se encuentran menores de edad y personas adultas. Los disparos no cesaron.
Tres días después los integrantes de la Orcao realizaron disparos hacia la población de la comunidad autónoma La Resistencia. Minutos más tarde quemaron la escuela autónoma zapatista y el garage de un integrante de las BAEZLN: 29 personas (4 familias) fueron desplazadas forzadamente del pueblo La Resistencia.
En los últimos meses las denuncias han ido en aumento por los ataques armados, robo de cosechas, destrucción de bienes y desplazamiento forzado, “el testimonio de los impactos de la violencia generada en los últimos días puede leerse en la denuncia pública de la Red Ajmaq”.
Por ello la Red TDT se unió a la exigencia de parar los ataques armados contra la población de los pueblos Emiliano Zapata y La Resistencia y demás comunidades de la región Moisés Gandhi a fin de proteger la vida e integridad física y psicológica de las personas violentadas en sus derechos.
Asimismo, se inicien las investigaciones correspondientes a fin de sancionar la comisión de delitos señalados, y violaciones a derechos humanos cometidos, conforme a la ley y lo dispuesto en convenios y tratados en materia de derechos humanos. Así como generar las condiciones de seguridad y pronto retorno de las 83 familias zapatistas; y sancionar a los responsables.
“Se deben garantizar medidas de no repetición a fin de salvaguardar la vida e integridad de quienes ejercen su derecho a la libre determinación y autonomía en el marco de los acuerdos de San Andrés, el convenio 169 de la OIT y las Declaraciones sobre los derechos de los pueblos indígenas de la ONU y OEA”.
