Editorial
A estas alturas del sexenio, cuando ya todos y todas enfilaron camino para buscar otra posición en la próxima administración, sin importar que su tarea institucional sea motivo de cuestionamiento, salen a relucir las maniobras ocultas que algunos deshonestos funcionarios hicieron, aprovechándose de su cargo y de la confianza que se les depositó en ellos.
Este el caso del auditor superior del estado, José Uriel Estrada Martínez, un ser maquiavélico que aparte de pesar sobre su conciencia el asesinato del líder campesino, Reyes Penagos Martínez, cuando se desempeñaba como fiscal especial, dependiente de la entonces Procuraduría General de Justicia, hoy al funcionario estrella para algunos alcaldes -por aquello de que les ha “cuadrado” sus cuentas públicas-, en un desglose de sus actividades ante el órgano interno de la propia ASE, lo exhibe de ocultar información sobre sus bienes y servicios, y que ante el SAT se ha evidenciado porque sus cuentas no cuadran en sus declaraciones patrimoniales.
Con justa razón ahora le llaman un hombre marcado por la ambición y el oportunismo, un prototipo de aquellos que nunca han tenido ni en que caerse muertos y cuando tuvieron la oportunidad, en lugar de servir se sirvieron de su puesto, y traicionaron con sus malas prácticas.
Deshonesto, irresponsable y vividor, es así como podría calificarse el desempeño como titular de la Auditoría Superior del Estado y esto no se dice al aire, sino porque se ha evidenciado que ha sido un hombre que gasta más de lo que gana, que oculta información en su declaración patrimonial, y al que, según documentos que obran en poder de esta casa editorial, se da el gran lujo de adquirir de un trancazo, al contado, el mismo día, bienes inmuebles por un valor de 350 mil pesos, y para reforzar esta teoría, un año después, una camioneta valuada en más de un millón de pesos.
Muchos dirán, qué importa pues tiene el dinero para gastarlo en lo que quiera y cómo quiera. Cierto, si como lo dijimos, la transparencia en sus gastos fuera conforme a lo que gana, pero resulta que ante el SAT reporta poco más de un millón de pesos al año. Esto tomando en cuenta que su sueldo sea, como dice, de 90 mil 602 pesos, casi el triple de lo que percibe el mandatario estatal, quien se fijó su cuota mensual, por el tema de la austeridad, en casi 36 mil pesos.
De acuerdo con la propia ASE, en la plataforma de transparencia, reportó, dentro de su declaración patrimonial de 2021, que vendió un inmueble valuado en 2 millones de pesos. Es decir, la transacción la debió haber realizado en el 2020. Aunque lo insólito está en que a la ASE, en otro apartado, reporta que su sueldo neto es de 3 millones 415 mil pesos anuales.
Durante 2020 y 2021 no presenta registros en el Servicio de Administración Tributaria de sus declaraciones anuales, y como como contribuyente cuenta con opinión negativa en el cumplimiento de obligaciones fiscales.
Solo con estos dos conceptos, es extraño que el SAT no haya intervenido para que se regularice, a menos que como es funcionario público de una institución que debe poner el ejemplo en la transparencia, el gobierno no quiera, por ahora, meterse un balazo en su propio pie.
Lo que salta a la vista es que, si con estas pruebas no se aplica la justicia, entonces el mensaje de impunidad será una mancha para la LXVIII Legislatura, ente que tiene bajo su responsabilidad en el organigrama, la actuación de la Auditoría, pues es la que debería encargarse de poner en orden lo que se registra en los ayuntamientos.
Pareciera que, con ello, el mensaje es que al interior del Poder legislativo hay un conflicto de interés de quienes tienen esa responsabilidad, pues si los números no cuadran en la propia ASE, menos que estén transparentes en la mayoría de los 124 Ayuntamientos chiapanecos.
Además, en la escena de estas maniobras también aparece el hermano del auditor, de nombre Óscar, quién presiona a los alcaldes para obtener obras sin que participe en licitaciones públicas, todo se lo han dado por adjudicación directa, como es el caso de algunas obras en la capital Tuxtla Gutiérrez, en el ayuntamiento de Tapachula y en la Secretaría de Obras Públicas.
Oscar, con el apoyo de Uriel, adquieren contratos para la empresa ESES Grupo Constructor SA de CV, o bien, simulando que participa en las licitaciones, pero que al final se las adjudican a la empresa del hermano del auditor.
La avaricia y la apetencia van de la mano. Hoy José Uriel goza su momento, pero como ve que el tiempo ya lo tiene encima, busca afanosamente colgarse del precandidato único de la coalición que encabeza Eduardo Ramírez Aguilar, quien debe tener mucho cuidado de no echarse a la espalda a sanguijuelas de esta calaña.
Al contrario, creemos, debe tener por obligación, ordenar una auditoría en la Auditoría Superior del Estado para despejar las dudas a que haya lugar. Es lo menos que debe hacer para que su futura administración, pues nadie duda de su triunfo, se fortalezca y mande el mensaje de cero corrupción e impunidad.
