Desalojo en puerta en el primer cuadro de la ciudad
No sabemos en qué terminarán las protestas de los pobladores que integran la organización OCEZ Casa del Pueblo, proveniente del municipio de Venustiano Carranza. Es decir, continúa en suspenso si habrá algún acuerdo, que, por el momento, se duda, debido a lo complejo del problema, o si serán desalojados, por lo menos del primer cuadro de la ciudad capital, pues, independientemente de que es importante su caso, las afectaciones a los derechos humanos de terceras personas es inaceptable.
Otro grupo hace lo propio en el municipio de Carranza, donde en el campo de futbol de la comunidad Laja Tendida, mantienen retenidas pesadas unidades de transporte, llenas de mercancía, con riesgo de que sean saqueados o se echen a perder, y la comunicación terrestre hacia Comitán y la capital chiapaneca, por otro lado, está suspendida por los bloqueos existentes.
Durante los cuatro años y medio que lleva esta administración, ante manifestaciones de este tipo, siempre ha privilegiado el diálogo, aunque en esta dinámica, haya recibido algunas críticas en contra, ya que se les permite mucho margen de maniobra para que cometan desmanes.
Un caso reciente e importante se recuerda. El mes pasado, los pobladores de Teopisca agarraron la bandera política para estar negociando el poder y se dedicaron a bloquear la carretera. Hubo invitación al diálogo, pero no había acuerdos. Al final, la amenaza y el hartazgo obligó a usar la fuerza pública y desalojar. La detención previa de su líder no los amilanó.
Es cierto que en el caso de la OCEZ son palabras mayores, por el historial de resistencia y de enfrentamientos en los que han estado involucrados en la zona donde coincidentemente es originario el actual mandatario.
Sin embargo, eso no les da derecho a prácticamente secuestrar a trabajadores, hombres y mujeres, que estuvieron encerrados todo un día y parte de la noche del lunes al interior del palacio de gobierno. Los delitos de privación ilegal de la libertad se castigan duramente, pero ni eso detiene a los hombres curtidos por el sol, quienes anhelan resolver la disputa de posesión de tierras con la Alianza San Bartolomé de los Llanos.
Si bien son problemas ancestrales, no queremos pensar que, en los actos de desestabilización, los grupos adversos a la Cuarta Transformación tengan metidas las manos. Sería un retroceso a lo que supuestamente se ha ido erradicando para sacar adelante a la vida política, social y económica de los chiapanecos.
Decimos que el verdadero problema son las diferencias entre las organizaciones campesinas Emiliano Zapata-Casa del Pueblo (OCEZ) y Alianza San Bartolomé de los Llanos, que se disputan 18 mil 290 hectáreas en el municipio. En este proceso ha habido muertos de ambos lados, una rencilla que dudamos termine pronto, pues el odio y la venganza se ha adueñado de los corazones de los hijos de los campesinos y de esta manera, por herencia, se intenta resolver las diferencias a punta de pistola, machete o lo que encuentren en su camino.
Sin lugar a dudas es un conflicto con mucha historia, pero lo que se entiende, el grupo de la Alianza exige apoyos, mismos que el gobierno de Chiapas aclaró en un comunicado de prensa que es la organización que más ha recibido más de 1,540 millones de pesos en rubros de infraestructura carretera, programas sociales, campo y obras públicas.
Señala el gobierno que hasta vehículos ha entregado para que se ayuden a sus labores, pensión Bienestar en todas sus modalidades, viviendas, apoyos económicos, y demás.
Pero también les ha pedido que levanten el paro que mantienen desde hace más de una semana en el primer cuadro de la ciudad, provocando problemas a los transportistas y particulares que requieren de utilizar dicha zona.
La situación se torna más que difícil, pues a pesar de que ya se hizo el exhorto, el grupo inconforme no se ha movido ni piensa hacerlo. La advertencia que lanzó la autoridad gubernamental de que independientemente de que sus demandas sean justas o no, no se prestará más al chantaje que dañen a terceras personas, por lo que quizás no tarda que se ordene la desocupación de la plaza pública por la fuerza.
Sin embargo, es de reconocerse que por muy delicados que sean los problemas que aquejan a la organización de Carranza, las autoridades estatales se verán obligadas a utilizar a la policía para restablecer el estado de derecho. No quisiéramos pensar que del desenlace que se tenga si es que hay desalojo surja la intervención de grupos adversos al gobierno para llevar “agua a su molino”.
