Irrisorio, pensar que se terminarán matrimonios infantiles
Sin ser pesimistas, la nueva iniciativa presentada y aprobada en el Congreso de la Unión de castigar la venta de matrimonios infantiles en las comunidades indígenas y rurales de Chiapas, por ejemplo, no tendrá los resultados que se pretenden, por la sencilla razón de que su mundo de usos y costumbres necesitará decenas de años para que sus habitantes modifiquen su forma de pensar.
Las comunidades indígenas, su gente, son trabajadoras y pese a la pobreza extrema que algunas zonas registran, luchan día a día para obtener su alimento. Producen hortalizas, siembran en sus patios maíz, frijol, pero los accesos a la educación, son prácticamente nulos.
Ese es en realidad el gran problema al que se enfrentan las autoridades, de que no se ha podido dar el levantón para tener niños y niñas más y mejor preparados académicamente. Simplemente las necesidades que se tienen en la familia los obliga a todos a trabajar y en ese proceso, la “cultura” de la venta de niñas se da como si fueran objetos, seguirá dándose y será difícil que se controle, que se erradique.
No se demerita que sea un buen intento por parte de la Cámara de Senadores, que aprobó una reforma constitucional para prohibir el matrimonio forzado entre menores de edad en comunidades indígenas.
Acá el problema es quién aplicará la norma de que las prácticas de usos y costumbres comunitarias no deben vulnerar los derechos de niñas, niños y adolescentes. Quién se atreva a hacerlo, primero lo amarran y lo exhiben, antes de que haya un caso que se aplique, por lo menos no tan pronto.
Y no se dice porque no lo quisiera uno, no. Al contrario, qué fabuloso sería que un padre de familia no entregue a su niña con una persona mayor o de la misma edad con otra familia que tiene más posibilidades de subsistencia.
Está comprobado que muchas de las veces estas prácticas se concretan al calor de las copas. Muchos estudios que se han realizado en Chiapas dan muestra de ello. Pero sólo queda en eso, porque la concientización de que no debe hacerse no está codificada en los cerebros de estos hombres, y tampoco se dice porque no tengan la capacidad de no hacerse, sino simplemente porque esas son sus reglas que han practicado toda la vida.
Lo que hace falta es que los representantes populares se acerquen a las comunidades, que el gobierno ponga en práctica programas educativos al alcance de los niños y de los padres de familia. En este aspecto, cabría la posibilidad de que se condicione la entrega de los programas sociales para todo aquel padre que se le descubra que “vendió a su hija” se le cancele el apoyo, pero eso no pasará.
Es muy difícil esta tarea, como tan criticable es que desde un escritorio se plantee una reforma que no se concretará en los hechos.
Aún se recuerda hace dos o tres años, la propuesta que también salió desde el Senado, de que se castigaría a los padres de familia que fueran sorprendidos castigando a los niños con el cinturón, chanclazos o cualquier otro método que implique violencia, como parte de su educación.
La iniciativa, lo que es peor, quedó en el limbo pues no aterrizó en los hogares como información para la mamá o el papá. Se entiende que nuestros representantes populares lo que hacen es tratar de justificar con ello todo el dinero que reciben.
El problema seguirá en el caso de la venta de las niñas, es lamentable aceptarlo, pero debe haber alguna alternativa que elimine estas prácticas deshonestas. Ojalá quienes hayan logrado salir avante de este tipo de experiencias, pudieran contribuir a señalar cómo hacerle desde el seno del problema.
Por cierto, los municipios de Mitontic, Ixhuatán y Chalchihuitán, son los que tienen las tasas más altas de matrimonios infantiles en Chiapas. Ojalá que muy pronto se logre revertir este fenómeno, pero, reiteramos, está difícil que se erradique hasta podría decirse que primero se acaba el mundo que esta penosa práctica.
