Falla la operación política de Marcelo Toledo en caso Mitontic
El gobierno del estado parece que ya aprendió la lección y no permitió que fueran rehenes, está vez, del grupo de pobladores del municipio de Mitontic los que se apoderaron de calles y edificios públicos del centro de la ciudad.
El miércoles, un numeroso grupo de habitantes de este municipio indígena arribó a la capital para protestar porque la alcaldesa Maruca Méndez Méndez, quien encabeza el Concejo Municipal, no ha sido removida de su cargo, a pesar de cometer, supuestamente, actos de corrupción durante su administración.
La llegada del grupo coincidió con la instalación de artesanos que tenían sus productos en venta. Sin embargo, la situación se salió de control durante su manifestación. Primero bloquearon el primer cuadro de la ciudad, después vinieron los desmanes.
Para este caso como en muchos otros, la situación es muy fácil: aplicar la ley y no permitir que nadie vulnere el estado de derecho. Si antes de ello, dialogaron y pidieron explicaciones al Congreso del estado y no les atendieron, cabe la posibilidad de que se “justifique” su reacción para hacer visible su impotencia.
Qué tanto puede costarle al diputado Marcelo Toledo Cruz reunirse con ellos, acordar una auditoría a la administración de la alcaldesa. Pero no, pareciera que el sello legislativo es quedarse callado, como si las cosas se resolvieran solas.
El jueves, como los indígenas se dieron cuenta que no les hicieron nada, se plantaron en la zona oriente de la ciudad para bloquear y causar un verdadero caos vial, que incluso provocó que muchos niños no pudieran llegar a su centro escolar del nivel preescolar y primario.
La situación terminó en un desalojo implementado por las fuerzas públicas y se acabó el problema. Hubo por lo menos 32 detenidos y 40 carros asegurados, la mayoría, por cierto, sin placas y de dudosa procedencia.
Fuera de ello, los inconformes habían sindicado al diputado Toledo de ser parte del problema, ya que está protegiendo a la alcaldesa concejal. Bajo este concepto, los señalamientos ponen en entredicho la verdadera capacidad del legislador morenista pues si hubiese priorizado un encuentro y evaluado las condiciones, otro gallo nos cantara en este momento.
Independientemente de que tengan o no razón los pobladores de este municipio enclavado en la zona Altos de Chiapas, tenían el derecho de recibir una explicación sobre la supuesta renuncia que el Cabildo hizo y que presentó desde hace diez días a la LXVIII Legislatura.
Qué tanto se le dificultaba al diputado informarle al grupo que no estaban en condiciones de recibirlos debido a que se está en receso legislativo o acaso no pudo concertar una reunión emergente para el siguiente día. Esa era la respuesta que se quería no el silencio sepulcral del diputado presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Tienen razón si su protesta se basa en que la alcaldesa no cumple con su tarea, y peor aún, que a dos meses de iniciado el año, no les haya pagado el aguinaldo a los trabajadores y que las obras públicas asignadas y comprometidas, estén todavía esperando que se echen andar, aunque ello será prácticamente imposible porque ya se gastaron el dinero en otros rubros.
Si a esas vamos, el desaguisado que se formó en las calles de Tuxtla tiene un responsable directo y este es el legislador que no dimensionó la petición que le manifestó el pueblo de aquel municipio. Además, si no hay servicios municipales, como aseguró el grupo inconforme, entonces dónde está la autoridad.
Ahora el problema crecerá, una porque exigirán pago de daños, que los detenidos sean liberados y se les exonere de los delitos de motín y daños a la vía pública. Nadie en su sano juicio estaría en contra de estos hombres, si lo que dicen es cierto.
El pulso político del caso no lo pudo “olfatear” el diputado y ahora la situación podría convertirse en una bomba de tiempo, pues las protestas se trasladarán para aquella zona o la ciudad de San Cristóbal.
Dijimos que la desocupación por la fuerza era necesaria porque los afectados no tienen la culpa de que haya negligencia en las negociaciones. Cierto que hay que respetar los protocolos y procesos que marca la ley, pero justo para eso se negocia, se acuerda, se convence.
Ojalá la experiencia política que dice tener el legislador en mención, le sirva para resolver este caso, que, por cierto, debe ser la primera señal de muchos pues también no hay que ser tan ingenuos que se viven tiempos electorales, pero eso también es otro cantar.
