Ainer Marroquín / Diario de Chiapas
A Rubén, lo mató la corrupción e impunidad que impera y lidera Aquiles Espinosa García en la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT), así como la informalidad laboral que “defiende” su patrón.
Familiares, amigos y defensores de los derechos humanos dieron el último adiós a Rubén Esteban Juárez Cameras, joven de 23 años que viajaba como copiloto y quien también era chofer en el turno de la tarde de la unidad 73-01, la cual se quedó sin frenos cuando bajaba del acceso principal de la unidad habitacional: Infonavit Chapultepec el domingo 18 de julio de este año.
Hasta el lunes 22 de noviembre —a cuatro meses de lo acontecido— Rubén continuaba hospitalizado y su familia sin recursos económicos y sin recibir apoyo del dueño de esta unidad, el afamado transportista Julio César Chong Kuan “El Chino”, ni de las autoridades de la SMyT, sin embargo, alrededor de las 17:00 horas de ese mismo día, Rubén perdió la vida.
Traumatismo raquimedular habría sido el diagnóstico de Juárez Cameras, pero surgieron otras complicaciones a su salud, aunado a las nulas ganas de vivir, según como detalló días atrás su propia madre, María Reina Cameras Gumeta.
“Está desesperado, no quiere vivir, que ya para qué porque qué va a hacer así, quería estar como estaba antes”, recordó.
Tras el fallecimiento del joven de 23 años, familiares redoblaron su exigencia de justicia, para que lo sucedido no se repita ni quede impune y, si bien, no fue el transportista quien arrebató la vida a Rubén, sí permaneció omiso y sin brindar el apoyo a su trabajador.
“Fue falta de mecánica, fue de los frenos; el dueño no nos ha hablado, que es “El Chino”, ajá, el dueño de la unidad… no hay nada con él ni lo conozco, ni él ha hablado”, lamentó María Reina Cameras Gumeta.
NI PARA LAS MEDICINAS
Cabe recordar que el 29 de agosto de 2019, Ernestino Avendaño Guillén, usuario de bicicleta perdió la vida tras ser atropellado por una unidad de transporte público, de la cual el propietario es Julio César Chong Kuan.
Familiares de Avendaño Guillén, quien fue arrollado por la unidad 27 de la ruta 90 del servicio público colectivo de Tuxtla Gutiérrez, denunciaron –en ese entonces– a la Secretaría de Movilidad y Transporte junto a la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPyTM) del ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, por no aplicar la ley al chofer y al concesionario de la unidad por este homicidio.
Julio César Avendaño Domínguez, hijo del afectado, indicó —en ese entonces— que en la 5 norte y calle Taxco del fraccionamiento Las Brisas de Tuxtla, su padre de 74 años fue embestido por el operador de la unidad 27 de la ruta 90 mientras viajaba en su bicicleta, presentando fracturas en el cráneo y daños en su anatomía.
“Queremos una justicia, por favor. Los gastos están muy pesados a veces no nos damos abasto, ya llevamos como 7 mil pesos en medicinas, en todo lo que se está pidiendo”, manifestó.
En esa fecha, el operador de la unidad, como el propietario de la unidad 90-27 el concesionario Julio Chong, no asumieron la responsabilidad ni el pago de los gastos médicos del ciclista asesinado, justificando que el colectivo no tuvo la culpa del incidente, sino, el hombre que iba en bici.
