Letras Desnudas
Mario Caballero
Ayer me llamó mi contador para decirme la cantidad a pagar este mes por concepto de Impuesto Sobre la Renta. “¡Tanto!”, le dije, expresión que le digo todos los meses. Saqué la libreta, anoté la cifra y me entró la curiosidad por saber cuánto dinero le voy dando al fisco este 2023. No es mucho ni poco, pero el asunto es que a la inmensa mayoría nos choca pagar impuestos. Sin embargo, como bien lo decía Oliver Wendell Holmes Jr.: “Son el precio que pagamos por vivir en una sociedad civilizada”.
Ahora bien, si pagamos impuestos es obligación del gobierno gastar bien para tener una mejor sociedad. Pues para eso sirven: satisfacer necesidades colectivas como la educación pública, impartición de justicia, seguridad, hospitales públicos, infraestructura urbana, vías públicas, servicios, programas y proyectos de apoyo al desarrollo económico y social.
En México, sin embargo, muchos consideramos que las cosas no se están haciendo bien y que nuestros impuestos terminan en otra parte menos en mejorar la calidad de vida de los habitantes. En pocas palabras, los funcionarios no gastan sino malgastan el dinero del pueblo.
Prueba de ello es todo lo que nos esteramos todos los días sobre casos de abusos, corruptelas e ineficiencias que se hacen con el peculio de los contribuyentes. Y eso, obviamente, nos duele hasta el alma.
Aprovechando, entonces, este discursillo, acudí con ánimo masoquista al sitio de la Auditoría Superior del Estado (ASE) a buscar algunos ejemplos de cómo se malgastan nuestros impuestos en Chiapas, o mejor dicho, en los municipios, que es donde más se dan casos de corrupción y desvío de recursos públicos.
¿Sabe qué encontré? Prácticamente nada. El portal de la ASE es muy negligente en proporcionar información que sirva para el escrutinio público y los pocos documentos que pone el alcance de los ciudadanos son de difícil lectura. No obstante, hay un apartado llamado Informes que contiene “Informes Simplificados de Auditoría”, que son un resumen de los resultados de los “Informes Individuales de Auditoría” que dan a conocer algunos datos de cómo las dependencias, municipios y otros entes públicos gastaron nuestro dinero en un periodo específico.
Trataré de exponerlos con tal de que a usted le den más ganas de seguir pagando impuestos.
ALGUNOS DATOS
Qué bueno que una parte considerable de las contribuciones sea destinada a los Ayuntamientos a través de diferentes partidas presupuestarias para que se solventen necesidades como el agua potable, alcantarillado, alumbrado, recolección de basura, pavimentación de calles, seguridad, etcétera, pero hay casos concretos donde sabemos que el dinero terminó en otro lado.
Por ejemplo, en el municipio de La Concordia, gobernado por Miguel Ángel Córdova Ochoa, el “Amigo Migue”, quien ha sido acusado de financiar grupos armados y enriquecimiento ilícito, el Informe Individual de Auditoría ASE/OAC/049/2023 indica que al fiscalizar la Cuenta Pública de 2022 descubrió:
“… obra por etapas que no garantizan su debida conclusión, asesorías que no fueron realizadas, conceptos de obra pagados fuera de especificación, recursos otorgados no comprobados, cancelados, depurados o recuperados, conceptos pagados no ejecutados, documentación justificativa inexistente, operaciones aritméticas y consideraciones efectuadas incorrectamente, recursos federales comprometidos, contribuciones a cargo no enteradas, inconsistencias en la planeación y presupuestación del gasto, incumplimiento a la legislación aplicable en el proceso de adjudicación de obras, bienes, servicios, y saldos acreedores no regularizados”.
En resumen: el alcalde de La Concordia gastó mucho, pero de lo que gastó y pagó poco se concluyó y buena parte de lo pagado no logró comprobarlo. Total: se presume un daño a la Hacienda Pública por casi 16 millones de pesos tan sólo el año anterior y de las 17 acciones promovidas por la ASE en contra de la gestión de Córdova Ochoa ninguna ha sido atendida hasta el momento.
Y existen casos peores.
¿CUÁLES SON?
Uno de ellos es el del presidente municipal de Yajalón, Juan Manuel Utrilla Constantino, quien –según esta información- no ha entregado la Cuenta Pública de 2022 y la de un año anterior el dictamen dice:
“… adquisiciones de insumos no aplicados en obra por administración directa (materiales, combustibles); documentación comprobatoria a nombre de terceros; conceptos de obra con defectos o vicios ocultos; documentación justificativa inexistente; asesorías que no cumplen con la finalidad para la que fueron requeridas; conceptos pagados no ejecutados; y contratación de personal que no cumple con los requisitos que marcan la legislación y normatividad aplicable”.
Lo antes descrito da a entender que el alcalde conocido como “El Pelos de Elote” sí cometió los delitos por los que todo este tiempo ha sido señalado, como corrupción, desvío de recursos públicos, nepotismo, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito.
En este espacio hemos expuesto que este gobernante ha hecho de los recursos públicos lo que le ha venido en gana. Logrando en los últimos años que él y su familia acrecentaran sus bienes, su riqueza y organicen fiestas dignas de jeques, con comilonas, ríos de champán y hasta con show aéreo donde una avioneta es utilizada para anunciar que el flamante presidente municipal se convertirá en el padre de un niño.
Otro caso es el del alcalde de Simojovel, Gilberto Martínez Andrade, a quien la Auditoría Superior del Estado ha acusado por el presunto desfalco al erario público por más de 50 millones de pesos en el ejercicio 2021 (el de 2022 no lo ha presentado), pero extrañamente sigue intocable. Igual que su esposa, Viridiana Hernández Sánchez, quien gobernó el municipio el trienio anterior y que está señalada por el presunto fraude de 150 millones de pesos.
Cabe mencionar que Martínez Andrade cuenta con una orden de aprehensión por abuso y uso indebido de poder que no ha sido ejecutada por la Fiscalía Anticorrupción, cuyo número de expediente es 1950/2022, con causa penal 121/2021. Además, se dice que tiene otros dos procesos por los delitos de peculado y desvío de recursos públicos desde el año 2018.
COMPLICIDAD
Casos como los anteriores hay muchos, pero todos han ido a parar a la asquerosa canasta de impunidad. ¿Por qué? Simple, por la complicidad de la misma persona que fiscaliza lo que éstos hacen con nuestros impuestos. Este es, el auditor superior Uriel Estrada Martínez.
Para los chiapanecos el desempeño de Uriel no es más que el de un florero, el de un artículo que sólo sirve para decorar una oficina. Pero para muchos alcaldes es de mayor utilidad. Se le acusa de ser el funcionario que ha logrado normalizar la corrupción e institucionalizar la impunidad.
No son pocos los alcaldes que lo señalan de que los ha extorsionado bajo la amenaza de fincarles observaciones en la Cuenta Pública y hay investigaciones periodísticas que revelan que ha cobrado moches de dos hasta 8 millones de pesos por limpiar las irregularidades y cubrir los boquetes financieros de los ediles a los que no les cuadran las cuentas.
Es un círculo vicioso donde a más dinero, más corrupción; a más corrupción, más alta será la tarifa para obtener impunidad.
Conociendo esta situación y viendo que nuestra sociedad no mejora por más dinero que se le invierta, a quién le darán ganas de pagar impuestos.
yomariocaballero@gmail.com
