Letras Desnudas
Mario Caballero
Las votaciones de 1997 marcaron un antes y un después en la historia moderna de México. Fue la primera vez que el PRI perdió la mayoría en la Cámara de Diputados. Podríamos asegurar, inclusive, que en esa fecha nació el pluralismo, se establecieron los contrapesos del poder y se dio por terminado el largo periodo del presidencialismo hegemónico.
Aquel 6 de julio se cortó el cordón umbilical de la “presidencia autoritaria”, que como se recuerda era la que controlaba cada fibra del poder, era el resorte de las ambiciones y el látigo de las amenazas. Así que tras perder el PRI la mayoría del Congreso, el Ejecutivo dejó de ser el amo del país para convertirse en un poder entre los poderes.
La elección de 2000, por otro lado, también demostró que la sociedad podía elegir el gobierno a través de un ejemplar ejercicio democrático. Pero ¿qué ha sido desde entonces?
La corrupción, indiscutiblemente, ha venido a resquebrajar las leyes e instituciones que se encargan de organizar, proteger y promover la democracia. Por la corrupción se produjo un atentado contra la libre competencia electoral en 2006, cuando se llegó incluso al desafuero de Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial por el PRD. Por la ambición del PAN de seguir en el poder, México dio un salto atrás en el progreso democrático.
Durante los 70 años de gobierno priista hubo un elemento común y despreciable: el dedazo. Por el poderoso dedo del presidente eran designados gobernadores, alcaldes, diputados, senadores, líderes nacionales y estatales del PRI e incluso el sucesor en la Presidencia.
A partir de 2000, ya no fue más así. El presidente puede, desde luego, elegir al candidato de su partido, pero no a su sustituto. Prueba de ello es lo ocurrido en las dos elecciones presidenciales pasadas. En 2012, Calderón eligió a Josefina Vázquez Mota y ganó el priista Enrique Peña Nieto. En 2018, Peña eligió a José Antonio Meade, pero éste fue aplastado por Andrés Manuel López Obrador.
Por aquellos años el Partido Acción Nacional no sólo se diferenciaba del PRI por ser más consciente en la creación de políticas públicas y en la postura conservadora hacia las políticas internacionales, sino también por fomentar y exigir respeto a la democracia, tanto dentro como fuera del partido.
Sin embargo, en su campaña Calderón hizo la invitación a toda la sociedad de matar al priista que todos llevamos dentro, pero Vicente Fox no pudo y hasta lo ayudó a ganar la presidencia bajo las mismas prácticas del PRI: comprando votos, chantajeando a las autoridades electorales, fingiendo fallas en el sistema de conteo de votos, cerrando casillas, inventando casos de violencia donde iba ganando el candidato perredista y, al llegar la medianoche, sorprendentemente Calderón superó la ventaja de López Obrador.
Hoy nada queda de ese PAN que llevaba la delantera en la democracia, pues un reducido grupo de panistas es el que ahora toma las decisiones, controla las finanzas, se reparte las cuotas de poder, somete a las bases y elige arbitrariamente a sus candidatos y a sus líderes partidistas. Ejemplo de ello es Ricardo Anaya, quien no fue elegido candidato a la presidencia mediante el consenso de la militancia, sino se autoimpuso. De tanto que los panistas criticaron al PRI, terminaron imitándolo.
IEPC Y LA CORRUPCIÓN
En Chiapas también hemos tenido malas experiencias. El encargado de realizar y organizar la fiesta democrática, es decir, el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), muchas veces fue manipulado por los gobernadores en turno y otras tantas cayó en actos de corrupción e ilegalidades por la ambición de los mismos consejeros electorales.
En 2006, verbigracia, fue evidente el pacto entre Pablo Salazar y Juan Sabines Guerrero para traspasarse el Gobierno del Estado. Sabines hizo campaña con recursos del gobierno y hasta fue visto transportándose de un acto de campaña a otro en el helicóptero oficial, obvio con la autorización de Salazar.
El día de la elección, Mariano Herrán Salvatti (q.e.p.d.), zar antidrogas y mano ejecutora de Pablo, fue captado en el preciso momento en que intercambiaba urnas con votos a favor de Sabines. El IEPC tuvo conocimiento de todas estas irregularidades y no hizo nada. Vaya, ni siquiera realizó el mínimo comentario. Se convirtió en cómplice del fraude.
Durante la administración de Juan Sabines la democracia fue una simulación. No sólo reformó la Constitución chiapaneca para emparejar los comicios estatales con los federales, sino también creó la figura del diputado migrante que sirvió para el pago de facturas políticas.
Además, se presume que alcaldes como Yassir Vázquez Hernández, Emmanuel Nivón, Samuel Chacón Morales, Samuel Toledo o diputados como Rosario Pariente, José Ángel Córdova, Rhosbita López Aquino, Olga Espinosa Morales, entre otros, fueron impuestos desde Palacio de Gobierno en complicidad con los exconsejeros del IEPC, que supuestamente recibieron enormes cantidades de dinero y diversas prebendas políticas por prestarse a la estafa.
Las elecciones de 2015 son sin duda una de las más cuestionables de la historia moderna de Chiapas. A tal grado que todos los miembros del Consejo General del IEPC fueron destituidos bajo acusaciones de corrupción y fraude electoral.
En las investigaciones que se ejecutaron se descubrió que esos consejeros no dieron cumplimiento al precepto de paridad de género, no vigilaron el tope de gastos de campaña de los candidatos y cometieron graves irregularidades en la elección del diputado migrante, donde para beneficiar al candidato que había resultado ganador alteraron el Registro Federal de Electores, usurparon la identidad de miles de chiapanecos, manipularon el sistema electrónico para recibir y contar los votos en plena connivencia con la empresa DSI Elecciones, que fue contratada por adjudicación directa para llevar a cabo dicha tarea. Una barbaridad.
LA GRAN PREGUNTA
Sin duda, las elecciones del próximo año serán las más grandes y complejas de la historia democrática de México. En el ámbito federal estarán en juego 629 cargos: la Presidencia de la República y el Congreso, compuesto por 128 senadores y 500 diputados. Asimismo, nueve gubernaturas, incluida la de Chiapas, y en 31 de las 32 entidades federativas se renovarán los congresos locales, alcaldías, sindicaturas y regidurías. En total, 19 mil 634 puestos en los 32 estados del país.
Por ello, resulta de gran relevancia que el IEPC, ahora bajo la dirección provisional de María Magdalena Vila Domínguez, garantice la seguridad, transparencia y legalidad de las elecciones, condiciones sin qua non para que los chiapanecos cuenten con gobiernos y gobernantes legítimos.
Esta labor no será sencilla. Independientemente de la enormidad de la elección, el árbitro electoral tendrá que organizar unos comicios en medio de múltiples ilegalidades por parte de los participantes, inseguridad en algunos municipios y posible intromisión del crimen organizado.
La pregunta es: ¿podrá el IEPC desarrollar estas elecciones? Porque no sólo será necesaria su voluntad, sino también su capacidad como institución rectora y vigilante de la legalidad de la democracia.
Al tiempo.
yomariocaballero@gmail.com
