Jeny Pascacio / Diario de Chiapas
“Mi hijo estaba jugando allá adentro cuando una bala cayó en una botella, caen bastantes y hacen un ruido como un ratoncito rascando la tierra; mis chamacos se espantan y salen corriendo a esconderse, ya casi no salen a jugar”.
Juanita tiene cuatro hijos y es habitante de Aldama, municipio de los Altos colindante con Chenalhó. Desde hace cuarenta años inició un conflicto agrario entre ambos municipios de los Altos de Chiapas.
En los últimos tres años las diferencias se acentuaron por el control del territorio, la violencia incrementó y es constante. Organizaciones han documentado los disparos de una montaña a otra.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) llamó a adoptar medidas efectivas y proteger la vida de los habitantes y desplazados forzadamente, además de dar certidumbre al resolver el conflicto por límites territoriales mediante procesos de investigación, sanción y reparación integral.
Informó que durante el primer mes de 2022, las comunidades de Aldama reportaron 230 ataques provenientes de diferentes puntos de Chenalhó; asimismo, en Chenalhó reportan disparos desde comunidades de Aldama. A este panorama se agrega la amenaza de un desplazamiento forzado intermitente de por lo menos 3 mil 499 personas.
“Algunas familias se han desplazado en tanto los ataques disminuyan”. Los habitantes de 12 comunidades más vulnerables a los disparos, en el lado de Aldama, dejaron de trabajar sus tierras y salen a buscar alimentos a escondidas con temor de ser alcanzados por una bala. Aunque los disparos son lanzados al aire, han herido a los indígenas tzotziles.
En el reciente comunicado de Frayba, cuestionó por qué el Estado mexicano, “no ha logrado identificar a las personas responsables de los ataques, su conformación, estructura y financiamiento, el origen de las armas utilizadas de uso exclusivo del ejército, armada y fuerza aérea”.
