Reflexiones
Fernando Álvarez Simán
“El pueblo es superior a sus dirigentes”
Jorge Eliécer Gaitán
“Basta, por favor, basta, no más, por favor; me estoy ahogando” fueron las últimas palabras del colombiano de 46 años Javier Ordóñez mientras dos policías lo sometían en el suelo y uno de ellos le disparaba repetidamente con una pistola “Taser”. Un arma utilizada por las fuerzas policiales de varios países del mundo, que lanza ondas de electricidad paralizando los músculos.
Los hechos sucedieron el miércoles pasado en la localidad de Engavitá, uno de los distritos que forman parte de la capital Bogotá. Una persona, todavía no identificada grabó el incidente desde su teléfono celular y rápidamente fue compartido por las redes sociales colombianas. En el video se puede escuchar que quien graba; les grita a los oficiales de la policía que se detengan.
Ordoñez fue llevado a la comisaría, sus amigos pidieron trasladarlo a un hospital por estar inconsciente, donde a los pocos minutos falleció. Su familia dijo que con la pistola “Taser” los elementos policiacos durante dos minutos le dispararon 12 veces y que los médicos les dijeron que una persona solamente puede resistir cuatro disparos.
A punto de graduarse como abogado, Ordóñez departía con sus amigos en su departamento la noche del incidente. Sus amigos dicen que cuando se les acabó el alcohol, salieron a la calle para comprar más. También dicen que a su regreso fueron detenidos por la policía que les dijo los multarían por violar las reglas de distanciamiento social y beber en la calle. Bogotá como toda Colombia y diversas partes del mundo, vive una cuarentena resultado de la pandemia del Coronavirus.
No pasó mucho tiempo para que, en las redes sociales colombianas, la indignación estallara. Se compartió rápidamente el video del incidente y el hashtag #ColombiaLivesMatter fue inmediatamente tendencia. Muchos colombianos comenzaron a comparar lo que le sucedió a Ordóñez con el caso de George Floyd, cuya muerte bajo custodia policial en Estados Unidos provocó una ola de protestas contra la brutalidad policial.
El resultado fue que los policías han sido suspendidos. El ministro de Defensa, dijo que habría una investigación interna sobre el incidente. El caso también está siendo investigado por la fiscalía nacional. Incluso, el presidente Iván Duque dijo que habría una “investigación rigurosa”.
Sin embargo, Colombia vive dos noches consecutivas de manifestaciones que asolaron la capital, con 17 puestos de la policía incendiados ese miércoles del incidente por la noche. La policía golpeó a los manifestantes y disparó gases lacrimógenos y balas de goma. Algunos manifestantes respondieron lanzando piedras hacia la policía.
El saldo oficial de los disturbios hasta el momento, arroja la cifra de 10 muertos, pero el gobierno no detalla dónde, cuándo y cómo murieron. Además del saldo trágico, hay un total de 209 civiles que resultaron heridos junto con 194 policías.
La mayor parte de los disturbios tuvieron lugar en la capital Bogotá, aunque el jueves por la noche estos se extendieron a las ciudades de Medellín, Cali y Manizales, los centros urbanos más grandes del interior occidental del país.
País latinoamericano con sucesivas protestas populares en su historia, Colombia experimentaba desde el 2019 una serie de protestas que se han denominado “Paro Nacional”. Los disturbios de esa semana con el “clímax” de esa serie de protestas que engloban la indignación nacional pro la corrupción, la carestía de la vida, el manejo del proceso de paz con los grupos guerrilleros y la ira social por la crisis económica resultado de la pandemia del Coronavirus.
El “paro nacional”
En noviembre del 2019 miles de colombianos de las ciudades de Cali y Bogotá sufrieron un “toque de queda”. Fueron siete días de protestas en las que, de acuerdo a las autoridades, 200 mil colombianos protestaban de manera pacífica y para las organizaciones, esa cifra era de dos millones de personas.
A diferencia de otras ocasiones, era la primera vez en Colombia que los motivos de la protesta eran varios e involucraban a varios sectores sociales. Los colombianos de distinto pensamiento y estatus social, estaban expresando sus críticas a la falta de acción del gobierno nacional para abordar las principales preocupaciones sobre seguridad, corrupción y desigualdad económica, entre otros problemas.
El detonante para las protestas fue el rumor de que el gobierno recortaría el monto de las pensiones e incrementaría la edad para el retiro laboral; aunque el gobierno nunca anunció formalmente la reforma de ley correspondiente. Pero tan pronto como aparece el rumor, los sindicatos de Colombia anunciaron una huelga general contra la propuesta y a ellos se les sumaron otros sectores colombianos.
Los manifestantes no ocultaban su indignación y enojo por la desigualdad económica y la corrupción del país. También, aunque con diversos perfiles de pensamiento sobre el proceso de paz del país, muchos se manifestaron sobre el manejo del gobierno del proceso de paz del país.
Muchos manifestantes expresaron su frustración por lo que califican de “lentitud” del histórico acuerdo de paz del país en 2016 con el grupo rebelde de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Ese Acuerdo de Paz puso fin formalmente a cinco décadas de conflicto civil que mató a 220 mil personas y desplazó de sus hogares a siete millones de colombianos.
Muchos colombianos observan que el gobierno nacional no puede proteger a los líderes sociales y de los pueblos indígenas, que, desde la firma de la paz, están siendo asesinados a un ritmo alarmante en Colombia; porque han perdido la protección policial o del ejército, ante el mandato de los acuerdos.
Ese ritmo de protestas semanales de todos los sectores sociales colombianos, fue interrumpido por la pandemia del Coronavirus, que obligó al gobierno a tomar medidas para la cuarentena. Sin embargo, ante el ataque policial a Javier Ordóñez, la indignación nacional volvió a aparecer.
A pesar de la falta de integración y cohesión del movimiento que le permita negociar a los líderes con el gobierno federal, la indignación nacional era tanta que muchos analistas colombianos aseguraban que las protestas continuarían en cuanto se levantara la cuarentena.
La violencia y el lento proceso de paz
Tuvieron que pasar cincuenta y dos años de conflicto armado y tres de negociaciones, para que se cancelara el conflicto armado interno más largo de América Latina. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo (FARC-EP) y el entonces presidente de la nación cafetalera Juan Manuel Santos, firmaron en La Habana, Cuba; el acuerdo que permite el cese bilateral del fuego y la posterior desmovilización de las fuerzas rebeldes.
Los guerrilleros abandonaron las armas y a cambio, el gobierno colombiano se comprometió a dar garantías de seguridad a los desmovilizados, luchar contra el paramilitarismo y perseguir a quienes amenacen la implementación de los acuerdos de paz.
El germen de la larga época de guerra civil colombiana fue el asesinado en 1948 de Jorge Eliécer Gaitán, el candidato presidencial del Partido Liberal para las elecciones de noviembre del año siguiente. Ello provocó el “Bogotazo”, unos disturbios que duraron diez horas y que tuvieron como saldo la muerte de cinco mil personas.
Muchos colombianos tomaron las armas y la violencia era prácticamente rural. Aparecen también las denominadas autodefensas; grupos de terratenientes y ganaderos que se aglutinaban en las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) para detener el avance guerrillero ante la incapacidad gubernamental de hacerlo. Llegó momentos en que la guerrilla controlaba un territorio de 40 mil kilómetros cuadrados.
Al flagelo de la guerrilla, los paramilitares de ultraderecha y de la incapacidad gubernamental para controlar su territorio, a Colombia la azotó también la violencia del narcotráfico. Por ello, el camino de la paz actual ha sido difícil. Incluso un sector de la clase política nacional se opuso fuertemente al proceso de paz.
La propia oficina para la paz contabiliza al menos 500 líderes sociales que han sido asesinados desde la firma del acuerdo ya hasta el inicio del 2020. De ellos, se afirma que 160 han sido excombatientes guerrilleros y sus familiares.
Luego del “Bogotazo” y durante la época de la guerra civil, en Colombia, las protestas sociales eran escazas y reprimidas rápida y violentamente. Después del proceso de paz, la situación cambió, los colombianos salieron a la calle a protestar y esa indignación social fue detenida por la pandemia del Coronavirus. La violencia contra Javier Ordóñez es el detonante de la reactivación de la protesta social.
La necesidad de las transformaciones sociales
Con una historia conflictiva reciente y ante los excesos policiales, los colombianos claman por el cambio inmediato del estatus jurídico de la policía nacional. A diferencia de la mayoría de los países del mundo, la policía colombiana no depende de una dependencia de gobierno creada para ello; depende directamente de la Secretaría de la Defensa.
La idea central de este mandato legal era asegurar la supervivencia del estado-nación ante la creciente inestabilidad social. Ello hizo de la policía nacional un ente autónomo que se controla así mismo. Sin embargo, ante los acuerdos de paz, para los colombianos, el paso inmediato es reformar su estatus y al mismo tiempo, lograr reformas sociales y económicas para que el país sea más incluyente.
País con una larga e histórica tradición rural, Colombia es hoy la cuarta economía más grande de Latinoamérica, solo detrás de Brasil, México Argentina. En los años 90s del siglo pasado superó a Perú que detentaba la cuarta posición. El petróleo es la principal exportación de Colombia y representa más del 45 por ciento de las exportaciones totales. Las manufacturas representan casi el 12 por ciento, pero es el sector que más crece junto con el turismo.
Con 50 millones de habitantes, Solo Brasil y México la superan en número de habitantes. País también históricamente desigual en materia económica, el 30 por ciento de la población vive por debajo de la línea de la pobreza, sin embargo, en los últimos 5 años; en el país han aparecido 9 supermillonarios. En ese periodo de tiempo; en todo el mundo solo China, Estados Unidos, Japón y Colombia han visto como aparecen nuevas fortunas personales.
La desigualdad, el incremento del costo de la vida a pesar del crecimiento económico y la poca transparencia gubernamental, lanzaron a la calle a protestar a los ciudadanos de una nación que tiene la tradición de la protesta social, pero que había estado dormida por la guerra civil. Mientras sus problemas estructurales de desigualdad no se resuelvan, la indignación social no podrá detenerse.
*Docente-Investigador de la Universidad Autónoma de Chiapas
